TITULO: A vivir que son dos días - A vivir - Cadena SER - A la espera de las ayudas,.
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A la espera de las ayudas,.
foto / Un Consejo de Ministros extraordinario aprobó el 12 de marzo un paquete de medidas de apoyo a la solvencia empresarial dirigido a las pymes, con un importe de 7.000 millones de euros, de los que 2.000 irían directamente a Canarias y Baleares, las comunidades más dependientes del turismo y, por tanto, más afectadas por la pandemia.
Al fin se han aprobado las ayudas directas tan ansiadas por las empresas españolas. El Gobierno destinará 7.000 millones a los autónomos y pymes más golpeadas por la crisis dentro de un plan de 11.000 millones que también incluye un fondo de reestructuración de los créditos avalados por el ICO durante el año pasado que gestionará la banca (3.000 millones) y un plan de rescate para recapitalización de pymes con la empresa estatal Cofides (1.000 millones).
El plan aprobado este viernes en Consejo de Ministros extraordinario contempla ayudas a fondo perdido (no reembolsables) de entre 3.000 y 200.000 euros para empresas y autónomos que hayan perdido al menos un 30% de sus ingresos en 2020 frente a los de 2019 a consecuencia de la pandemia. En concreto, los autónomos que tributan por régimen de módulos (estimación objetiva del IRPF) podrán optar a un máximo de 3.000 euros, mientras que el resto de autónomos y empresas, de 4.000 a 200.000 euros en forma de ayudas directas. En el caso de las micropymes y autónomos (hasta 10 empleados) podrán recibir hasta el 40% de la caída adicional de ingresos, y el resto de empresas hasta el 20% de la caída de ingresos.
Estos fondos tendrán que destinarse a pagar gastos fijos como salarios o arrendamientos, deudas con proveedores o entidades, así como al pago de suministros eléctricos. Y la Administración sabrá exactamente quién ha perdido el 30% de su facturación gracias a la ayuda de la Agencia Tributaria, que actuará como organismo fiscalizador de las ayudas y creará una plataforma donde proporcionará información sobre las cuentas de las empresas.
Otro de los requisitos para acceder a la ayuda es que la empresa pertenezca a uno de sectores destacados como los más afectados por la pandemia, entre los que se incluyen el comercio al por mayor y minorista, la hostelería, el transporte, actividades turísticas, mantenimiento aeronáutico, actividades deportivas o culturales, y así hasta 100 tipos de ramas empresariales.
La recepción de estas ayudas directas también supondrán la adopción por parte de los empresarios de ciertas obligaciones. Por ejemplo, la de mantener su actividad hasta, como mínimo, el 30 de junio de 2022, que no repartan dividendo ni aumenten los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años y estén al corriente de sus pagos tributarios y de la Seguridad Social. Otros requisitos más sencillos de cumplir es que no tengan su domicilio en un paraíso fiscal y no estén en concurso.
Eso sí, estas ayudas tardarán en llegar al menos mes y medio. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el Gobierno se ha «autoimpuesto» el plazo de un mes y diez días para tener formalizada la orden oficinal de reparto de los fondos, por lo que ya será cuestión de la rapidez que se den las comunidades autónomas en canalizar esas ayudas.
Todo parece indicar que en el mes de mayo las comunidades podrían comenzar a dar estas ayudas, aunque depende de cada comunidad una vez reciban el visto bueno del ministerio que dirige Calviño. Una situación que puede complicarse para algunas como la Comunidad de Madrid, donde el reciente anuncio de adelanto electoral podría dificultar la llegada de estos fondos.
Casi el 30% irá destinado a las islas
Y es que serán las comunidades quienes gestionen este dinero estatal, algo que fue confirmado horas antes del Consejo de Ministros después de las idas y venidas sobre cuál era la mejor forma de repartición de las ayudas. Una parte de los ministros habían abogado por que fueran los entes territoriales, pero otra parte del gabinete quería que lo hiciera el Estado, de forma centralizada, a través de organismos como Hacienda.
De estos 7.000 millones de ayudas a fondo perdido, 5.000 irán destinados al conjunto de las comunidades autónomas a excepción de Baleares y Canarias, que recibirán en exclusiva 2.000 millones para sus empresas y autónomos, ya que son los territorios «más afectados por la pandemia», reconoció la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. En total, casi el 30% del total de las ayudas a fondo perdido. Según los datos del Banco de España, El PIB balear cayó el 27% en 2020; la economía canaria, alrededor de un 20%, el doble que la media nacional (-11%).
La Brújula es un programa de radio de la emisora española Onda Cero, presentado y dirigido por David del Cura.
Es el tercer espacio en audiencia en la franja nocturna,
retransmitiéndose entre las 20 y las 24 horas, tiempo que dedica a un
análisis de la actualidad, el deporte, la economía (con el espacio
denominado La Brújula de la Economía) y el debate político., etc,.
La Linterna La Cope ,.
'La Linterna' es el programa de radio informativo, político y económico, cultural y de debate nocturno de la Cadena COPE. Dirigido y presentado desde 2009 por Ángel Expósito, se emite de lunes a viernes de 19:00 a 23:30 horas, correspondiendo la última hora de los viernes a 'La Linterna de la Iglesia', dirigida y presentada por Faustino Catalina,.
Las cuentas de la coalicion,.
Ambos socios tratarán de imponer sus intereses en unas cuentas clave para apuntalar la legislatura hasta 2023, foto,.
Con la hoja de ruta del diálogo con Cataluña ya encauzada, los fondos europeos en camino y el objetivo de vacunar al 70% de la población a tiro, el siguiente reto de la coalición pasa por aprobar los Presupuestos de 2022 dentro del plazo ordinario. Pedro Sánchez y sus socios de UnidasPodemos son conscientes de que lograrlo aseguraría lo que queda de legislatura, la más tormentosa desde la restauración de la democracia en España, y convertiría al Ejecutivo en el primero en conseguir agotar su mandato desde el primer Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2015). Siempre, eso sí, que la estrategia no pase por adelantar las generales, previstas para 2023.
Pero la aritmética parlamentaria es caprichosa y la negociación no volverá a depender exclusivamente de PSOE y Unidas Podemos, que suman 155 escaños de los 176 necesarios. Para empezar, las discrepancias entre los socios no auguran una plácida confección del borrador de las cuentas públicas. Los morados, además, volverán a jugar la carta de aglutinar una «mayoría progresista» formada por partidos como Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu o Compromís para presionar desde fuera al Gobierno cada vez que consideren que la literalidad de los pactos de coalición no se están reflejando.
Ya lo hicieron con la regulación del precio de los alquileres cuando las conversaciones de los Presupuestos de 2021estaban en su recta final. Entonces la Moncloa llegó a anunciar en nota de prensa el día y la hora de la firma del acuerdo mientras que los de Pablo Iglesias seguían sosteniendo que la negociación no estaba, ni mucho menos, cerrada. No se espera, por tanto, que la votación en el Congreso vaya a ser tranquila.
Sin alternativa al bloque de investidura, Ciudadanos queda descartado. La líder naranja, Inés Arrimadas, ya da por hecho que Sánchez no recurrirá a sus nueve escaños para intentar cosechar apoyos parlamentarios a las cuentas. «Ya tendimos la mano al Gobierno para los Presupuestos de 2021, pero acabaron cogiendo la mano de (Arnaldo) Otegi y (Gabriel) Rufián», señaló el 23 de julio. Lo mismo sucede con un eventual acercamiento al PPo Vox, con los que las relaciones están completamente rotas.
Arenga parlamentaria
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, movió ficha rápido. En cuanto la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, manifestó su intención de iniciar los trabajos para confeccionar el borrador presupuestario, se apresuró a reunir a los diputados del grupo morado en el Congreso. Lo hizo el 20 de julio y les trasladó una idea clara:«Hasta ahora el Gobierno ha estado sobreviviendo a la pandemia, pero a partir de ahora toca desarrollar la agenda social». En la arenga, mentalizó a los suyos en la importancia de presionar a los socialistas para no dejar pasar asuntos como la subida de impuestos a las rentas altas, la vivienda, o el aumento de fondos para paliar los efectos del cambio climático, entre otras propuestas.
En Podemos consideran que ya realizaron demasiadas concesiones a finales del año pasado, con la urgencia de alumbrar junto al PSOElos primeros Presupuestos de la coalición. Aún no perdonan que los socialistas les prometieran la inclusión de la reforma del alquiler en la ley de vivienda durante las negociaciones –ambas partes se dieron tres meses de plazo para llevarla a la Cámara baja– y que no se haya aprobado. «Nos sentimos traicionados, los acuerdos están para cumplirse», lamentan fuentes cercanas al Ministerio de Derechos Sociales, que controla la secretaria general de los morados, Ione Belarra. El principal punto de fricción sigue siendo la intención de Ferraz de otorgar beneficios fiscales a los propietarios de las viviendas que se vean obligados a bajar el precio de arrendamiento, algo que en Podemos no están dispuestos a aceptar.
Pero los rostros han cambiando desde entonces. Este asunto tendrá ahora nueva interlocutora por parte del Ministerio de Transportes, Raquel Sánchez, que sustituyó a José Luis Ábalos en la última remodelación del Gobierno. Alcaldesa de Gavá antes de recibir la llamada del presidente para volver a Madrid, en su municipio ya se cumplía con esta regulación de los alquileres en zonas tensionadas, aunque siempre en virtud de la normativa catalana. Ahora los sindicatos de inquilinos y la propia Belarra, que encabeza las negociaciones de la ley de vivienda, le piden que «sea consecuente»y extienda esta medida al resto del territorio. De momento, las conversaciones están encalladas y ambas delegaciones mantienen el mismo mensaje de que«no habrá más ofertas».
Reforma fiscal
El asunto de la reforma fiscal también centrará el debate presupuestario. Javier Sánchez Serna, miembro del Consejo de Coordinación de Podemos y líder de la formación en Murcia, concretó el lunes pasado en una entrevista a Europa Press las peticiones de su partido: un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades; una subida del 1% en el de patrimonio para las grandes fortunas y diferentes incrementos del IRPF.
En el PSOE no quieren oír hablar de subidas impositivas y se aferran al comité de expertos que ya diseña la reforma fiscal, pero sus conclusiones no se conocerán hasta el año que viene. Entienden que este es el momento de la «recuperación» de la economía y, aunque aseguran que el nuevo sistema impositivo llegará, prefieren aguardar hasta entonces. «No vamos a abrir en los Presupuestos de 2022 una revisión del modelo fiscal», zanjó Sánchez a principios de julio.
Bajo estas negociaciones subyace además la idea de que ahora ambas formaciones son aliados, pero en menos de dos años, cuando empiece la precampaña electoral, volverán a competir por un electorado similar. Por el momento, PSOEy Unidas Podemos mantuvieron una primera reunión el 19 de julio. La delegación socialista vuelve a estar encabezada por María Jesús Montero y su director de Gabinete, Carlos Moreno.Mientras que por la parte morada repiten el secretario de Estado Nacho Álvarez y Josep Vendrell, hombre de confianza de Yolanda Díaz.
Lo que ya está salvado es el hito del techo de gasto.El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de julio un incremento simbólico de 45 millones para marcar un nuevo máximo histórico en 196.142 millones. El mensaje es claro:mantener unas cuentas expansivas para superar la pandemia.