TITULO: España Directo - Economía - Los funcionarios arrancan al Gobierno la promesa de actualizar sus dietas tras casi 25 años congeladas ,.
Los funcionarios arrancan al Gobierno la promesa de actualizar sus dietas tras casi 25 años congeladas,.
Las compensaciones a que tienen derecho por sus gastos de comida o estancia en hoteles en sus desplazamientos no han cambiado desde 2002,.
En este periodo el precio del menú del día casi se ha duplicado y el de las noches de hotel se ha elevado cerca de un 60%,.
Un alto funcionario, como un inspector de Hacienda, un arquitecto o un abogado del Estado, o un política nacional o un militar que tenga que desplazarse lejos de su centro de trabajo para desarrollar una inspección fiscal, supervisar las obras de un edificio de titularidad estatal, o realizar algún trámite jurídico, dispone para sufragar su manutención en destino de 65,97 euros por día para alojarse y de 53,34 euros para pagar su desayuno, su comida y su cena; en total 103,37 euros al día para abonar los gastos básicos derivados de su desplazamiento, según se recoge en el real decreto de 2002 que fija la cuantía de las dietas que les corresponden para cubrir esos gastos o como se denominan en la norma sus indemnizaciones por razón del servicio.
Puede parecer una cuantía insuficiente y es razonable pensar que así es. En primer lugar porque esas cantidades no se han actualizado ni una sola vez desde que se aprobaran en 2002; en segundo lugar porque el precio medio de la noche de hotel se ha incrementado nada menos que un 54% desde 2008, mientras que el precio medio del menú del día prácticamente se ha duplicado en el periodo de 23 años durante el que las dietas han estado congeladas. Hay un tercer factor. Las cuantías mencionadas son las que se reconocen a los funcionarios de más alto rango de la Administración del Estado; los policías de la escala básica, los militares de bajo rango o el personal civil administrativo tiene que apañarse con 48,92 euros para el hotel y 28,21 euros para las comidas.
Incluso las dietas que perciben los altos cargos, los presidentes de los tribunales o los embajadores aparecen como escasas para la España del año 2025 y ascienden a 102,56 euros para la noche de hotel y a 53,34 euros por día para la manutención, un total de 155,90 euros para atender a los gastos de todo el día.
«Las cantidades actuales son nimias y no permiten que los empleados públicos realicen sus desplazamientos en unas condiciones mínimas de dignidad«, denuncian desde CSIF, que ha intentado sin éxito en varias ocasiones que los sucesivos gobiernos revisaran estas cuantías aprovechando las leyes de presupuestos. Tampoco lo consiguió en la negociación del acuerdo para la mejora de las condiciones de los empleados públicos para el periodo 2022-2024, que el Gobierno firmó con UGT y CC.OO. y en el que en un contexto de subidas del SMI y de las pensiones las dietas siguieron congeladas. Ni siquiera durante la espiral inflacionista, cuando el Gobierno sí se avino a actualizar las dietas por kilometraje que llevaban sin cambiarse desde el año 2006 como si la gasolina no subiera, las dietas por manutención experimentaron la más mínima actualización y eso que los precios de los alimentos subían de forma bastante más sustancial que los de la energía.
Es la dieta diaria con la que los altos cargos del Estado deben sufragar su comida y su alojamiento. La de los latos funcionarios es de 103,37 euros y la de los administrativos y auxiliares de solo 77,13 euros.
Ha tenido que alinearse la negociación de las condiciones salariales de los funcionarios, con un momento de debilidad parlamentaria extrema del Gobierno de turno y un contexto preelectoral para que un Gobierno se haya comprometido al fin a actualizar unas cuantías que parecían esculpidas en piedra. El acuerdo para la mejora de las condiciones de los empleados públicos para el periodo 2025-2028 no solo prevé una subida salarial del 11,4% en el conjunto del periodo, sino que compromete que «se revisarán al alza en 2026 las indemnizaciones por razón del servicio, incorporando criterios de igualdad entre empleadas y empleados públicos, y los complementos de residencia e insularidad».