TITULO: REVISTA FARMACIA - El transporte sanitario programado creció un 16% el pasado año,.
El transporte sanitario programado creció un 16% el pasado año,.
La Junta buscará con los agentes sociales un nuevo modelo en el próximo contrato para asegurar un servicio sostenible,.
Quejas
de los trabajadores, incumplimientos laborales, citas frustradas,
vehículos que salen ardiendo... El funcionamiento del transporte
sanitario en la región sigue en entredicho desde que Ambulancias Tenorio
se hizo cargo del servicio a finales de 2017, tanto que la Junta de
Extremadura ya ha anunciado que no prorrogará un contrato que expira el
próximo año y que en su lugar lanzará una nueva licitación. Pero la
intención no es solo poner fin a las vicisitudes de los próximos años,
sino afrontar un gasto que no deja de crecer.Según los datos aportados por el Servicio Extremeño de Salud (SES), el pasado año el transporte sanitario programado, que es el que se realiza para que los pacientes acudan a citas prefijadas, creció un 16% respecto a 2018. En total, se llevaron a cabo 580.766 servicios dentro de una modalidad que en los últimos tiempos ha crecido a un ritmo de dos dígitos al año.
Sin embargo, el transporte urgente se considera estable, con 212.345 viajes el pasado año. El SES recalca que este servicio «no da problemas, es sostenible y se está muy preparado para atenderlo a la perfección».
Este es el principal motivo por el que el Gobierno regional prepara un nuevo concurso de transporte sanitario en el que se ofrezca por un lado el servicio urgente, vinculado a emergencias y accidentes, y por otro el programado, que depende de la demanda.
El SES señala que el servicio programado es el que requieren personas que deben asistir a terapias clínicas en los hospitales (oncología, hemodiálisis, etc.), revisiones de enfermedades severas, consultas médicas en personas con problemas de movilidad, derivaciones hospitalarias, discapacidad o dependencia, para quienes los facultativos consideran necesario facilitar un medio de transporte. En una región tan dispersa, rural y envejecida como Extremadura, señala el SES, «es el que crece de manera importante, por lo que para su sostenibilidad creemos que se debe cambiar el modelo y hacerlo independiente del resto de transporte».
Pero el nuevo concurso no solo planteará la división en lotes para separar la parte que presenta más dificultades de gestión y actividad creciente de la que se considera estable y controlada, sino que contendrá fórmulas para que el coste no crezca de forma exponencial año a año. Para ello, el SES espera contar con las aportaciones de la patronal y los sindicatos en la mesa de concertación social.
El vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha señalado recientemente que el objetivo es iniciar las conversaciones para tener «cuanto antes» un modelo de contrato para el próximo pliego.
Según recogió Efe tras un acto celebrado en Cáceres, Vergeles aboga por un modelo pactado entre todas las partes que mantendría la cartera de servicios y que recogería peticiones como las de hacer públicas determinadas partes del transporte sanitario terrestre y que el contrato se divida por lotes con la citada separación entre urgencias y citas programadas.
El consejero de Sanidad apuntó que el transporte sanitario debería estar vinculado al transporte de viajeros, al educativo y al taxi rural. En los dos primeros casos, se trataría de recuperar una vieja iniciativa, que tiene que ver con la reestructuración de las líneas de autobuses de la región. Un proceso que lleva varios años pendiente y que requiere de una solución que satisfaga las necesidades de los viajeros y evite el déficit actual de las líneas.
Ante la pérdida de usuarios, la Junta ya señaló en su momento que planteaba que las líneas convencionales también asumieran las rutas escolares, o a la inversa. Pero esto genera un problema sobre la presencia de menores y la necesidad de que vayan acompañados.
Del mismo modo, también se puso sobre la mesa la posibilidad de que el transporte sanitario programado pudiera realizarse con los autobuses de las líneas autonómicas, sobre todo en aquellos casos en los que no se necesita una ambulancia. Una cuestión en la que también podrían participar los taxistas rurales, con lo que se daría al mismo tiempo una solución a un servicio que ha perdido demanda con la caída de la población y los cambios en los hábitos de consumo.
El SES tiene un año para decantarse por una solución. El contrato actual salió a concurso en febrero de 2017 y Tenorio inició la prestación en noviembre. De ese modo, a partir de noviembre de 2021 entraría en vigor el nuevo modelo de transporte sanitario.
TITULO: CAFE, COPA Y Tolerar al intolerante,.
Tolerar al intolerante
En una jornada organizada por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) el día 13 en el Congreso, el polémico músico advirtió que «extender los delitos de odio y de opinión es un error» ya que «empobrece» nuestra democracia y «nos muestra nuestra incapacidad de debate y gestión», amén de que «prohibir al prohibicionista es darle la razón» y convertirlo en mártir.
En las misma línea, otros ponentes juristas arguyeron que la exaltación del franquismo solo debe ser perseguida si incita a la comisión de un delito o a la violencia. Así lo han delimitado varias sentencias del TC como la 235/2007, que declaró inconstitucional tipificar como delito la negación del Holocausto y aclaró que la libertad de expresión «no puede verse restringida por el hecho de que se utilice para la difusión de ideas u opiniones contrarias a la Constitución». Esta es la gran paradoja de la democracia.
En 'La sociedad abierta y sus enemigos' (1945), Karl Popper plantea otra paradoja: la de la tolerancia. Según el filósofo liberal, la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia porque «si extendemos la tolerancia ilimitada aun a aquellos que son intolerantes (...) el resultado será la destrucción de los tolerantes y, junto con ellos, de la tolerancia». Prueba de ello es que los nazis alcanzaron el poder a través de las urnas. No obstante, matiza que no quiere significar «que siempre debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes; mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública, su prohibición sería, por cierto, poco prudente». Pero reclama el derecho de prohibirlas si prohíben a sus adeptos prestar oídos a los razonamientos racionales, acusándolos de engañosos, y «les enseñan a responder a los argumentos mediante el uso de los puños o las armas».
De resultas, una verdadera sociedad democrática debe tolerar al intolerante si este defiende sus ideas sin coacción ni violencia, por muy deleznables que sean. Esto no significa aceptarlas, pero debe combatirlas a través del debate. En 'Sobre la libertad', John Stuart Mill, tacha de despótica cualquier sociedad que no permita la libre expresión de opiniones. Para Mill, la verdad surge del cotejo de opiniones diferentes y una opinión silenciada puede ser verdadera o contener algo de verdad, por lo que su omisión redundaría negativamente en el progreso del razonamiento. Y, añade, si no hay debate de ideas, una opinión que consideremos verdadera será sostenida como una creencia irracional y puede convertirse en un dogma.
Por ello, aunque toda crítica duele, agradezco los comentarios que lectores tan fieles como críticos acérrimos hacen a mis artículos en hoy.es o las redes sociales. De todos se aprende, incluso de los que piden que se me silencie y esgrimen argumentos más 'ad hominem' y 'ad logicam' que certeros, más punzantes que agudos, más categóricos que de categoría. Con todo, siempre defenderé el derecho de todos estos caballeros y damas sin espada pero con pluma afilada a sacar punta a todo lo que escribo.
TITULO: Víctimas del misterio - La Inspección de Trabajo recibe 248 denuncias por acoso laboral en la región en los últimos 5 años,.
La Inspección de Trabajo recibe 248 denuncias por acoso laboral en la región en los últimos 5 años,.
La presidenta de la Asociación Palentina de Ayudas a Víctimas de Acoso cree que «estas denuncias son solo la punta del icerberg»,.
«Estas denuncias son solo la punta del icerberg«, ha asegurado a Efe Lucía Vargas, presidenta de la Asociación Palentina de Ayudas a Víctimas de Acoso (Pavia).
El desconocimiento sobre este fenómeno, a su juicio «devastador», unido a los obstáculos laborales, a la temporalidad de los contratos y al miedo a perder el empleo, dibujan un contexto difícil para quienes son ninguneados y hostigados en su puesto de trabajo.
«Uno de los objetivos es que la víctima acabe abandonando el puesto de trabajo con una mano delante y otra detrás«, ha sostenido Vargas.
También ha destacado la dificultad para demostrar en los tribunales un 'mobbing' alimentado por conductas que van desde la infravaloración de las capacidades del empleado hasta su desbordamiento por la asignación de tareas irrealizables pasando por agresiones como la ocultación de información, la difamación o el trato vejatorio.
«Atendemos a unas 70 personas de media al año, pero la mayoría no terminan ni en la Inspección de Trabajo ni tienen un recorrido judicial porque, sin pruebas suficientes, los resultados son nefastos«, ha precisado Vargas.
Las víctimas tienden a echarse la culpa por su fracaso, aunque éste sea inducido. «La mayoría nos llegan derivadas por los médicos de Atención Primaria o los equipos de Salud Mental«, ha explicado la presidenta de la Asociación Pavia, que valora la »sensibilización« de los sanitarios a la hora de conceder bajas por esta causa.
«Son fundamentales para prevenir el suicidio al alejar al trabajador del foco tóxico», ha indicado.
Sus fronteras a veces son difusas, incluso para el propio afectado, y probarlo es complicado. No en vano, las armas que utilizan los acosadores pasan por un lenguaje retórico, las medias tintas y la insinuación. Al menos, inicialmente.
Pero, a medida que evoluciona, acaba por dibujar una desestabilización personal que pasa por estrés, presentismo, ansiedad, sentimientos de fracaso, impotencia, frustración, anhedonia o incapacidad para experimentar placer, desmotivación, depresión, apatía, así como diversas manifestaciones psicosomáticas.
«El machaque es tan grande que vienen con la autoestima por los suelos«, ha recordado Vargas.
La mayoría de los casos se encuadran en la tipología de acoso vertical descendente, es decir, el que ejerce el jefe o superior con respecto a sus subordinados.
«En el acoso siempre hay una desproporción de poder», ha argumentado y ha añadido que el agresor suele ser una persona narcisista y prepotente que proyecta su inseguridad sobre una víctima que, en palabras de Vargas, «suele estar muy preparada y hacerle sombra».
«Los malos trabajadores se pueden despedir fácilmente, pero los buenos no», ha subrayado sin dejar pasar por alto el elevado grado de reincidencia: «No hay represalias, por lo tanto repite sus conductas».
Además, los compañeros de trabajo son a menudo testigos mudos de ese acoso: «Se quedan sin palabras ante un hostigamiento que tortura lentamente a su víctima hasta agotarla».
«Lamentablemente, contribuyen al problema al mirar para otro lado», ha incidido Vargas que, además, se ha mostrado crítica con «unas administraciones llenas de enchufes» que «tiene mandos intermedios que ni siquiera están capacitados para sus puestos».
No en vano, según ha señalado, «Educación y Sanidad concentran una buena parte de las denuncias».
«La diferencia con las entidades privadas es que existe la posibilidad de trasladarse a otro departamentos», ha apostillado.
El profesor Heinz Leymann fue el primero en definir el término 'mobbing' en el marco de un congreso sobre higiene y seguridad en el trabajo en el 1990.
De este modo, puso de relieve una situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima, acabar con su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que acabe abandonando su empleo.
Se estima que más de dos millones de trabajadores, en torno al nueve por ciento de la población activa, sufren en España un continuado y deliberado maltrato psicológico en el ámbito de su trabajo.
Pero, a pesar de que conductas como las descritas no son ni mucho menos insólitas en los centros de trabajo, los supuestos en los que se alcanza una resolución judicial condenatoria son muy escasos.
En todo el país, según se desprende de las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se han recibido 13.801 denuncias por acoso laboral en un lustro.
De ellas, 3.128 se registraron en Cataluña. Por detrás se situaron Canarias (1.617), la Comunidad Valenciana (1.477), Madrid (1.293), Andalucía (1.019) y Galicia (835).
Menor volumen anotaron Aragón (666), País Vasco (618), Castilla y León (535), Asturias (511), Castilla-La Mancha (486), Murcia (446), Islas Baleares (336), Cantabria (322), Extremadura (248), Navarra (236), Melilla (12) y Ceuta (3).
«Los datos oficiales no representan la realidad, lo mismo que está ocurriendo con el acoso escolar», ha lamentado la presidenta de la Asociación Pavia sobre un 'mobbing' que «se agudiza en periodos de crisis económica».
