miércoles, 25 de diciembre de 2013

Misa sin gallo,./ Navidades contra el mar de Tasmania,.

TÍTULO:  Misa sin gallo,.

EL RUIDO DE FONDO

Misa sin gallo

Este año, para miles de pelados y hundidos, el árbol de Navidad es el del ahorcado. Que tenga cuidado el gallo cuando canta, lo pueden afanar. Ha vuelto la gazuza donde solía, porque la Historia de España no es la que cuentan los separatistas catalanes, ni tampoco la idealizada por otros españoles, sino un relato épico trufado de hambre y picaresca.
La Historia de España es un cuento gótico que se inicia en Atapuerca con el canibalismo y se alarga en una crónica negra en la que no hemos dejado de comernos unos a otros. Unas veces faltaba la manduquela por las pestes, otras por las sequía, otras por las guerras o por la bancarrota del Estado.
Casi siempre hemos estado gobernados por zoquetes y bribones. Incluso en épocas áureas los pobres acosaban con sus lametonas y plañideras a los fieles en la Misa del Gallo hasta en la pila del agua bendita. «El pordiosero que tiene llaga la refresca y afeita para el día siguiente». Aquellos mendigos que rezaban oraciones a quien les daba ayuda, y si pasaban de largo se acordaban de los muertos del paseante han dado el relevo a un nuevo harapiento que tampoco se parece al de la posguerra, cuando la carne y los huevos sólo se conseguían con receta médica. El nuevo pobre está más solo que nunca.
Parecía que habíamos dejado atrás aquella maldición y nos hemos encontrado otra vez con nuestra mala sombra, que se hace muy visible en la Navidad de los buenos sentimientos. Hay bancos de alimentos en todas las ciudades, habrá pesca milagrosa de gambas en la rebusca de los contenedores.
No está el Belén para villancicos o para que se duerma mi niño. Tened los ramos, entre zambombas, reyes, zagales y corderos que retozan. Y este Papa, que es muy piola, ha recordado que no hay nada que se parezca más al nacimiento de Jesucristo, tal como lo cuentan los evangelistas, que el nacimiento de un niño pobre en un establo, tiritando de frío.
Algunos han llegado a sospechar que Cristo, como un junco, era gitano; algunos calorros lo llevan en una medalla donde el rabí tiene un aire a Camarón. El hambre vuelve a ser el problema político más urgente de la humanidad. Por eso la Iglesia dice: menos ruido, menos consumo. El Papa Francisco visita los comedores sociales y hace regalos prácticos a través del limosnero pontificio: recargas de teléfonos móviles, billetes de autobús y de metro, y christmas firmados por él mismo.
¡Tiene huevos! La Iglesia en la vanguardia mientras la izquierda se dedica a tapar la corrupción y a elegir jueces.

TÍTULO: Navidades contra el mar de Tasmania,.
anapixel
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La embarcación australiana Wild Oats XI, durante un entrenamiento antes de la regata. | Rolex | BorlenghiEntre la competición y la leyenda, entre la fama por la victoria y el riesgo a la muerte. Así se disputa la regata Rolex Sydney to Hobart que esta madrugada (3:00 horas en España) unirá a dos de las ciudades más conocidas del Hemisferio Sur. La primera edición de esta regata se celebró en 1945 y hoy en día es un evento internacional con un gran seguimiento mediático más allá de las costas australianas.
El plan de navegación promete 626 millas de dura travesía durante casi 48 horas. Los 92 participantes de esta edición sueñan con la victoria, pero también temen las olas y los vientos endiablados (en algunas campañas superiores a los 50 nudos) que azotan el mar de Tasmania y el Estrecho de Bass en estas fechas.
En la pasada edición, el campeón de la regata fue el barco australiano Wild Oats XI, del armador Bob Oatley, y cuyo patrón es Mark Richards. Se trata de un imponente velero de 30 metros de eslora que hizo historia también al conseguir por segunda vez en su palmarés la prestigiosa Triple Corona de la regata (victoria absoluta, victoria en tiempo real y la mejor marca empleado entre las dos ciudades). El récord de la prueba desde entonces está en un día, 18 horas, 23 minutos y 12 segundos. Además, el Wild Oats XI ha sumado seis victorias en las últimas ocho ediciones.
Joan Vila
Joan VilaSin barcos españoles en esta ocasión, la representación española se centra en Joan Vila, Guillermo Altadill y Rafa Trujillo. "Toda las horas navegación en esta prueba resultan complicadas, especialmente llegando a Tasmania por los efectos de la costa de Australia. Son todos estos desafíos los que continúan atrayéndome para participar tantas veces como me resulta posible", destaca Vila, ganador de tres ediciones de la Copa América, y que en esta ocasión participa a bordo del barco Volvo Open 70 Giacomo.

La historia como tragedia

Esta cita de la vela mundial ha tenido a lo largo de su historia también participantes famosos. Así destacan personajes como Ted Turner o Larry Ellison, número cinco de lista Forbes y actual defensor de la Copa América, que ganó la competición de 1995 y también la trágica prueba de 1998.
En aquella edición un gran temporal provocó la muerte de seis participantes y 56 embarcaciones tuvieron que ser rescatadas. Un recuerdo que no se olvida, e incluso aumenta el respeto por esta regata en cada edición.
l Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente planea licitar el año que viene obras público-privadas por valor de hasta 4.500 millones de euros, según ha podido saber EXPANSIÓN. Se trata de un paquete de inversiones en depuración de agua que se tenían que haber acometido dentro del Plan Nacional de Calidad de las Aguas (que pensaba movilizar 19.000 millones entre 2007 y 2015 en saneamiento, depuración y reutilización de agua, de los que apenas se ha hecho nada). El Gobierno va a acometer estas obras en 2014, 2015 y 2016, y quiere licitarlas en el próximo ejercicio. Para empezar, a principios de año tiene que sacar a concurso proyectos por valor de 500 millones de euros, para evitar las sanciones de la Comisión Europea por incumplir la Directiva sobre aguas residuales (ya hay una multa pendiente que se estima que se situará en una horquilla entre 30 y 60 millones). El problema es que, hoy por hoy, el Ministerio duda de que pueda licitar esta primera parte del paquete de obras por la vía público-privada, según aseguran fuentes cercanas a las negociaciones gubernamentales. Éstas agregan que la idea que gana más peso es la de que Gobierno y autonomías «arañen» esos 500 millones a costa de otras partidas presupuestarias. En segundo lugar, durante 2014 se lanzará la licitación público-privada de los alrededor de 4.000 millones restantes, a ejecutar en tres años. «El Ministerio les va a dar máxima prioridad, pese a las restricciones presupuestarias, para evitar que al esfuerzo inversor se les sumen las multas europeas», subrayan las citadas fuentes. Los pliegos (y la asignación de las tarifas) deberían estar listos para después de verano. Ésta es la parte mollar del plan, que se convertirá en el mayor esfuerzo público-privado desde el destinado en 2007 a las autovías de primera generación (6.000 millones, pero repartidos en 19 años). El problema es que las concesiones de depuradoras presentan una dicotomía: más déficit público o encarecimiento del agua. Se ha optado por la segunda vía porque las autonomías y los ayuntamientos tienen cerrado el acceso a la financiación y porque, en plena lucha contra el déficit, ese hipotético desembolso de fondos públicos se acabaría repercutiendo, también, en los usuarios, que serán los perdedores económicos sí o sí. En todo caso, el Ministerio aduce que España es uno de los países de Europa con el agua más barata. Tomás Sancho, presidente del Comité Técnico de Agua, Energía y Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, opina que este plan público-privado es «una operación imprescindible, porque realmente las condiciones medioambientales y los requisitos de la planificación lo requieren. Es una actuación prioritaria. Introducir mecanismos de colaboración público-privada hace viable la operación, porque reparte el incremento de precios en diversos años, 20 ó 30; además, las administraciones competentes tienen capacidad de acceso nulo al crédito». Por eso el mecanismo elegido es, en su opinión, «el indicado, es claro y es justo». Sancho hace hincapié en que «es inevitable subir el precio. El agua debe pagar el agua, y la tarifa de ahora no es capaz». En los lugares en los que se hagan estas obras, la recuperación de la inversión se producirá en al menos dos décadas y se hará con cargo a la tarifa del agua. Esto acarreará, según los cálculos de los expertos y del Ministerio, un aumento medio del 50% en el precio del agua, tal como adelantó EXPANSIÓN el pasado 25 de junio. La idea del equipo de Cañete es que las concesiones se abonen con un canon. Además, a las empresas no se les transferirá el 100% del riesgo, sino una cantidad en función de los metros cúbicos depurados. El problema es que en muchos pueblos la demanda de agua no está muy asegurada. Las negociaciones gubernamentales se enfocan a encontrar una solución para eliminar esos desequilibrios. El Ministerio confía en poder aminorar el impacto económico de las inversiones en el coste final del agua. ¿Cómo? Consiguiendo los máximos fondos europeos posibles. Eso sí, hay un requisito para que la UE financie las concesiones de depuradoras: «Que esa financiación dé respuesta al coste de implantación y servicio y que quien contamine pague», como aseguró recientemente la directora general del Agua, Liana Ardiles. El tratamiento del agua es un tema capital para el Ejecutivo. De hecho, en los dos últimos años se han reducido en un 80% los incumplimientos en materia de depuración, según fuentes del departamento que capitanea Miguel Arias Cañete. Pero con este nuevo pla

El ambicioso plan de obras públicas de Arias Cañete para 2014,Sector inmobiliario. Expansión.com
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente planea licitar el año que viene obras público-privadas por valor de hasta 4.500 millones de euros, según ha podido saber EXPANSIÓN. Se trata de un paquete de inversiones en depuración de agua que se tenían que haber acometido dentro del Plan Nacional de Calidad de las Aguas (que pensaba movilizar 19.000 millones entre 2007 y 2015 en saneamiento, depuración y reutilización de agua, de los que apenas se ha hecho nada). El Gobierno va a acometer estas obras en 2014, 2015 y 2016, y quiere licitarlas en el próximo ejercicio. Para empezar, a principios de año tiene que sacar a concurso proyectos por valor de 500 millones de euros, para evitar las sanciones de la Comisión Europea por incumplir la Directiva sobre aguas residuales (ya hay una multa pendiente que se estima que se situará en una horquilla entre 30 y 60 millones). El problema es que, hoy por hoy, el Ministerio duda de que pueda licitar esta primera parte del paquete de obras por la vía público-privada, según aseguran fuentes cercanas a las negociaciones gubernamentales. Éstas agregan que la idea que gana más peso es la de que Gobierno y autonomías «arañen» esos 500 millones a costa de otras partidas presupuestarias. En segundo lugar, durante 2014 se lanzará la licitación público-privada de los alrededor de 4.000 millones restantes, a ejecutar en tres años. «El Ministerio les va a dar máxima prioridad, pese a las restricciones presupuestarias, para evitar que al esfuerzo inversor se les sumen las multas europeas», subrayan las citadas fuentes. Los pliegos (y la asignación de las tarifas) deberían estar listos para después de verano. Ésta es la parte mollar del plan, que se convertirá en el mayor esfuerzo público-privado desde el destinado en 2007 a las autovías de primera generación (6.000 millones, pero repartidos en 19 años). El problema es que las concesiones de depuradoras presentan una dicotomía: más déficit público o encarecimiento del agua. Se ha optado por la segunda vía porque las autonomías y los ayuntamientos tienen cerrado el acceso a la financiación y porque, en plena lucha contra el déficit, ese hipotético desembolso de fondos públicos se acabaría repercutiendo, también, en los usuarios, que serán los perdedores económicos sí o sí. En todo caso, el Ministerio aduce que España es uno de los países de Europa con el agua más barata. Tomás Sancho, presidente del Comité Técnico de Agua, Energía y Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, opina que este plan público-privado es «una operación imprescindible, porque realmente las condiciones medioambientales y los requisitos de la planificación lo requieren. Es una actuación prioritaria. Introducir mecanismos de colaboración público-privada hace viable la operación, porque reparte el incremento de precios en diversos años, 20 ó 30; además, las administraciones competentes tienen capacidad de acceso nulo al crédito». Por eso el mecanismo elegido es, en su opinión, «el indicado, es claro y es justo». Sancho hace hincapié en que «es inevitable subir el precio. El agua debe pagar el agua, y la tarifa de ahora no es capaz». En los lugares en los que se hagan estas obras, la recuperación de la inversión se producirá en al menos dos décadas y se hará con cargo a la tarifa del agua. Esto acarreará, según los cálculos de los expertos y del Ministerio, un aumento medio del 50% en el precio del agua, tal como adelantó EXPANSIÓN el pasado 25 de junio. La idea del equipo de Cañete es que las concesiones se abonen con un canon. Además, a las empresas no se les transferirá el 100% del riesgo, sino una cantidad en función de los metros cúbicos depurados. El problema es que en muchos pueblos la demanda de agua no está muy asegurada. Las negociaciones gubernamentales se enfocan a encontrar una solución para eliminar esos desequilibrios. El Ministerio confía en poder aminorar el impacto económico de las inversiones en el coste final del agua. ¿Cómo? Consiguiendo los máximos fondos europeos posibles. Eso sí, hay un requisito para que la UE financie las concesiones de depuradoras: «Que esa financiación dé respuesta al coste de implantación y servicio y que quien contamine pague», como aseguró recientemente la directora general del Agua, Liana Ardiles. El tratamiento del agua es un tema capital para el Ejecutivo. De hecho, en los dos últimos años se han reducido en un 80% los incumplimientos en materia de depuración, según fuentes del departamento que capitanea Miguel Arias Cañete. Pero con este nuevo plan público-privado el Gobierno confía en «entrar en la senda del cumplimiento a partir de 2014».

El ambicioso plan de obras públicas de Arias Cañete para 2014,Sector inmobiliario. Expansión.com

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente planea licitar el año que viene obras público-privadas por valor de hasta 4.500 millones de euros, según ha podido saber EXPANSIÓN. Se trata de un paquete de inversiones en depuración de agua que se tenían que haber acometido dentro del Plan Nacional de Calidad de las Aguas (que pensaba movilizar 19.000 millones entre 2007 y 2015 en saneamiento, depuración y reutilización de agua, de los que apenas se ha hecho nada). El Gobierno va a acometer estas obras en 2014, 2015 y 2016, y quiere licitarlas en el próximo ejercicio. Para empezar, a principios de año tiene que sacar a concurso proyectos por valor de 500 millones de euros, para evitar las sanciones de la Comisión Europea por incumplir la Directiva sobre aguas residuales (ya hay una multa pendiente que se estima que se situará en una horquilla entre 30 y 60 millones). El problema es que, hoy por hoy, el Ministerio duda de que pueda licitar esta primera parte del paquete de obras por la vía público-privada, según aseguran fuentes cercanas a las negociaciones gubernamentales. Éstas agregan que la idea que gana más peso es la de que Gobierno y autonomías «arañen» esos 500 millones a costa de otras partidas presupuestarias. En segundo lugar, durante 2014 se lanzará la licitación público-privada de los alrededor de 4.000 millones restantes, a ejecutar en tres años. «El Ministerio les va a dar máxima prioridad, pese a las restricciones presupuestarias, para evitar que al esfuerzo inversor se les sumen las multas europeas», subrayan las citadas fuentes. Los pliegos (y la asignación de las tarifas) deberían estar listos para después de verano. Ésta es la parte mollar del plan, que se convertirá en el mayor esfuerzo público-privado desde el destinado en 2007 a las autovías de primera generación (6.000 millones, pero repartidos en 19 años). El problema es que las concesiones de depuradoras presentan una dicotomía: más déficit público o encarecimiento del agua. Se ha optado por la segunda vía porque las autonomías y los ayuntamientos tienen cerrado el acceso a la financiación y porque, en plena lucha contra el déficit, ese hipotético desembolso de fondos públicos se acabaría repercutiendo, también, en los usuarios, que serán los perdedores económicos sí o sí. En todo caso, el Ministerio aduce que España es uno de los países de Europa con el agua más barata. Tomás Sancho, presidente del Comité Técnico de Agua, Energía y Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, opina que este plan público-privado es «una operación imprescindible, porque realmente las condiciones medioambientales y los requisitos de la planificación lo requieren. Es una actuación prioritaria. Introducir mecanismos de colaboración público-privada hace viable la operación, porque reparte el incremento de precios en diversos años, 20 ó 30; además, las administraciones competentes tienen capacidad de acceso nulo al crédito». Por eso el mecanismo elegido es, en su opinión, «el indicado, es claro y es justo». Sancho hace hincapié en que «es inevitable subir el precio. El agua debe pagar el agua, y la tarifa de ahora no es capaz». En los lugares en los que se hagan estas obras, la recuperación de la inversión se producirá en al menos dos décadas y se hará con cargo a la tarifa del agua. Esto acarreará, según los cálculos de los expertos y del Ministerio, un aumento medio del 50% en el precio del agua, tal como adelantó EXPANSIÓN el pasado 25 de junio. La idea del equipo de Cañete es que las concesiones se abonen con un canon. Además, a las empresas no se les transferirá el 100% del riesgo, sino una cantidad en función de los metros cúbicos depurados. El problema es que en muchos pueblos la demanda de agua no está muy asegurada. Las negociaciones gubernamentales se enfocan a encontrar una solución para eliminar esos desequilibrios. El Ministerio confía en poder aminorar el impacto económico de las inversiones en el coste final del agua. ¿Cómo? Consiguiendo los máximos fondos europeos posibles. Eso sí, hay un requisito para que la UE financie las concesiones de depuradoras: «Que esa financiación dé respuesta al coste de implantación y servicio y que quien contamine pague», como aseguró recientemente la directora general del Agua, Liana Ardiles. El tratamiento del agua es un tema capital para el Ejecutivo. De hecho, en los dos últimos años se han reducido en un 80% los incumplimientos en materia de depuración, según fuentes del departamento que capitanea Miguel Arias Cañete. Pero con este nuevo plan público-privado el Gobierno confía en «entrar en la senda del cumplimiento a partir de 2014».

El ambicioso plan de obras públicas de Arias Cañete para 2014,Sector inmobiliario. Expansión.com
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente planea licitar el año que viene obras público-privadas por valor de hasta 4.500 millones de euros, según ha podido saber EXPANSIÓN. Se trata de un paquete de inversiones en depuración de agua que se tenían que haber acometido dentro del Plan Nacional de Calidad de las Aguas (que pensaba movilizar 19.000 millones entre 2007 y 2015 en saneamiento, depuración y reutilización de agua, de los que apenas se ha hecho nada). El Gobierno va a acometer estas obras en 2014, 2015 y 2016, y quiere licitarlas en el próximo ejercicio. Para empezar, a principios de año tiene que sacar a concurso proyectos por valor de 500 millones de euros, para evitar las sanciones de la Comisión Europea por incumplir la Directiva sobre aguas residuales (ya hay una multa pendiente que se estima que se situará en una horquilla entre 30 y 60 millones). El problema es que, hoy por hoy, el Ministerio duda de que pueda licitar esta primera parte del paquete de obras por la vía público-privada, según aseguran fuentes cercanas a las negociaciones gubernamentales. Éstas agregan que la idea que gana más peso es la de que Gobierno y autonomías «arañen» esos 500 millones a costa de otras partidas presupuestarias. En segundo lugar, durante 2014 se lanzará la licitación público-privada de los alrededor de 4.000 millones restantes, a ejecutar en tres años. «El Ministerio les va a dar máxima prioridad, pese a las restricciones presupuestarias, para evitar que al esfuerzo inversor se les sumen las multas europeas», subrayan las citadas fuentes. Los pliegos (y la asignación de las tarifas) deberían estar listos para después de verano. Ésta es la parte mollar del plan, que se convertirá en el mayor esfuerzo público-privado desde el destinado en 2007 a las autovías de primera generación (6.000 millones, pero repartidos en 19 años). El problema es que las concesiones de depuradoras presentan una dicotomía: más déficit público o encarecimiento del agua. Se ha optado por la segunda vía porque las autonomías y los ayuntamientos tienen cerrado el acceso a la financiación y porque, en plena lucha contra el déficit, ese hipotético desembolso de fondos públicos se acabaría repercutiendo, también, en los usuarios, que serán los perdedores económicos sí o sí. En todo caso, el Ministerio aduce que España es uno de los países de Europa con el agua más barata. Tomás Sancho, presidente del Comité Técnico de Agua, Energía y Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, opina que este plan público-privado es «una operación imprescindible, porque realmente las condiciones medioambientales y los requisitos de la planificación lo requieren. Es una actuación prioritaria. Introducir mecanismos de colaboración público-privada hace viable la operación, porque reparte el incremento de precios en diversos años, 20 ó 30; además, las administraciones competentes tienen capacidad de acceso nulo al crédito». Por eso el mecanismo elegido es, en su opinión, «el indicado, es claro y es justo». Sancho hace hincapié en que «es inevitable subir el precio. El agua debe pagar el agua, y la tarifa de ahora no es capaz». En los lugares en los que se hagan estas obras, la recuperación de la inversión se producirá en al menos dos décadas y se hará con cargo a la tarifa del agua. Esto acarreará, según los cálculos de los expertos y del Ministerio, un aumento medio del 50% en el precio del agua, tal como adelantó EXPANSIÓN el pasado 25 de junio. La idea del equipo de Cañete es que las concesiones se abonen con un canon. Además, a las empresas no se les transferirá el 100% del riesgo, sino una cantidad en función de los metros cúbicos depurados. El problema es que en muchos pueblos la demanda de agua no está muy asegurada. Las negociaciones gubernamentales se enfocan a encontrar una solución para eliminar esos desequilibrios. El Ministerio confía en poder aminorar el impacto económico de las inversiones en el coste final del agua. ¿Cómo? Consiguiendo los máximos fondos europeos posibles. Eso sí, hay un requisito para que la UE financie las concesiones de depuradoras: «Que esa financiación dé respuesta al coste de implantación y servicio y que quien contamine pague», como aseguró recientemente la directora general del Agua, Liana Ardiles. El tratamiento del agua es un tema capital para el Ejecutivo. De hecho, en los dos últimos años se han reducido en un 80% los incumplimientos en materia de depuración, según fuentes del departamento que capitanea Miguel Arias Cañete. Pero con este nuevo plan público-privado el Gobierno confía en «entrar en la senda del cumplimiento a partir de 2014».

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