domingo, 27 de octubre de 2013

REVISTA DOMINICAL, La esclavitud vuelve al campo,./ EL PAIS, EL JUEZ QUE VA POR DELANTE,.


  1. Cuando el periodista cuenta, en la barra de un bar de Menú a seis euros de El Arahal (Sevilla), que los dieciséis trabajadores vivían en una ...
     
    La esclavitud vuelve al campo 

    SOCIEDAD

    La esclavitud vuelve al campo-foto.

    La UE, Cáritas y los sindicatos denuncian sueldos de miseria por jornadas de diez horas y alertan del incremento de la «trata de personas con fines de explotación laboral»

    Cuando el periodista cuenta, en la barra de un bar de 'Menú a seis euros' de El Arahal (Sevilla), que los dieciséis trabajadores vivían en una nave para la cría de pollos, sin baños ni agua corriente, los dos jornaleros desvían un instante la mirada de la tele, desatienden por un rato los lamentos de Iker Casillas y preguntan a la vez: «¿Pero eran moritos?».
    Los chavales empezarán pronto la campaña de los cítricos en la Vega del Guadalquivir y es evidente que el asunto les interesa, así que el periodista les explica que eran inmigrantes extranjeros, como los cien temporeros búlgaros a los que el dueño de una finca de Cartaya (Huelva) dejó tirados, sin paga y sin techo, después de que le recogieran la fresa. Los chicos se encogen de hombros con un gesto de resignación («Qué le vamos a hacer», «Dónde vamos a llegar».) y se acaban la cerveza antes de regresar al debate sobre el valor de la continuidad y el miedo a los balones por alto.
    Así que el periodista busca unos papeles en su carpeta azul y se los coloca delante. Es un teletipo de la agencia 'Efe', con data de Valencia, en el que se refiere que jornaleros españoles cobran 15 euros por ocho horas de trabajo. La palabra 'españoles' está subrayada en rojo y los dos jóvenes la miran como si fuera un disparate, una errata o un montaje. «¿Eso es legal?», preguntan de inmediato. La noticia vuela. El papel circula de mano en mano. El camarero coge el mando y deja mudo al presentador del informativo.
    El Sindicato de Obreros del Campo (SOC-SAT) habla a las claras de un regreso progresivo a las formas y modos de la postguerra, Cáritas alerta en su informe de 2013 de un «grave deterioro de las condiciones laborales» en el sector agrícola, UGT ha llevado el asunto a la Fiscalía y hasta la Oficina Estadística de la Unión Europea cree que España es «el segundo país» de la Eurozona «con más víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral». Como explica el sociólogo sevillano Luis de Molina, «no se trata ni mucho menos de una realidad invisible, simplemente hay una parte de la sociedad que no quiere verla».
    Esa realidad tiene dos caras. En el fondo son la misma («personas que explotan a personas», dice Luis de Molina), pero la actitud de los jóvenes de El Arahal, al igual que la de la inmensa mayoría de los ciudadanos, demuestra que el problema se aborda desde perspectivas distintas cuando se habla de trabajadores extranjeros y de trabajadores españoles. «No, no es una cuestión de racismo como tal. Lo que ocurre es que, por desgracia, hemos interiorizado que la explotación de inmigrantes forma parte de lo peor de nuestro paisaje social, pero no acabamos de aceptar que los españoles van por el mismo camino».
    Sin descanso
    A finales de septiembre, cerca de Morón de la Frontera, en Sevilla, Juan de Dios y su mujer aparcaron el coche en la cuneta de un camino de albero que subía hasta el olivar. Era el primer día de campaña del verdeo y otros seis o siete grupos de jornaleros subían por el carril y entraban en la finca. Cuando cruzaron la cancela mohosa del cortijo, uno de los capataces les anunció: «Serán tres euros y medio por canasta». Algunos de los hombres hicieron un amago de protesta, pero otro de los capataces lo frenó en seco: «Es esto o nada. A quien no le guste, que se vaya».
    El 'esto' se resume en lo siguiente: tres euros y medio la canasta, en una jornada de diez horas, implica un tope de 25 canastas por pareja. Es decir: a 37 euros el jornal o día de trabajo como máximo, la mitad de lo que se pagaba hace cinco años y casi lo mismo que hace quince. No hay fines de semana ni días de descanso, salvo que llueva. «Y si aparece alguien de la Inspección de Trabajo o del Sindicato, mañana no vengáis», les dijeron, según Juan de Dios, para advertir «a los más revoltosos».
    Pedro Barrera, del SOC-SAT, confirma que hay casos peores: hasta 20 euros por día de trabajo, pero con el capataz contabilizando la capacidad de producción de cada trabajador y presionando a los más lentos en un juego perverso y psicológicamente demoledor. «El que se queda atrás, lo mismo no vuelve».
    Manuel y Rosalía hablan de la imposición del destajo, lo que supone «un incumplimiento flagrante de todos los convenios», según los sindicatos. El destajo implica no pagar un fijo diario, sino una cantidad por kilos. «Es legal -explica Barrera-, siempre que sea de acuerdo mutuo entre las partes, porque si hay pocas aceitunas, por ejemplo, al trabajador jamás le resultará rentable».
    A esta pareja de jornaleros de la Sierra de Cádiz les impusieron una condición extra: Si recogían menos de quince cajas diarias, el empresario, dueño de una finca en Ronda, no les firmaba «la peonada», el documento necesario para que puedan cobrar posteriormente el subsidio del PER, el equivalente al desempleo agrario.
    Trata de personas
    El panorama en la campaña de los cítricos que ahora arranca se presenta muy oscuro. José María Castellano, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Huelva, confirma que la precarización de las condiciones de los temporeros es evidente y avisa de que van a peor: «Se trabajarán más horas, a destajo y con menos jornal por kilos». El motivo es que los empresarios son conscientes de que existe un superávit de mano de obra, propiciado por lo que los sociólogos llaman «el retorno de los autóctonos»: exalbañiles o peones que han regresado al campo ante la falta de expectativas del andamio y se encuentran con que «la situación es mucho más precaria que cuando eran sus padres los que recogían las aceitunas». Para Pedro Barrera es preciso hablar, sin complejos, de nuevas formas de esclavitud.
    El diagnóstico no se basa solo en testimonios personales. Cáritas acaba de publicar su 'Informe Anual sobre la situación de los trabajadores agrícolas'. Sus cálculos de promedio dan la razón a Juan de Dios, a Manuel y a Rosalía: Por diez horas puede llegar a cobrarse 33 euros. El 80% de los encuestados ha percibido que las condiciones laborales en el campo «se han deteriorado gravemente».
    UGT ha optado por llevar la situación a los tribunales. La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios ha informado a la Inspección de Trabajo y a la Guardia Civil de las «tropelías» que se están cometiendo contra los peones agrícolas. Emilio Terrón, responsable del sector en la FITAG-UGT, interpuso una denuncia ante la Fiscalía. En ella se recoge explícitamente que algunos propietarios recurren «al engaño o la coacción para que los empleados no reclamen lo que la legislación laboral les reconoce, castigándolos con despidos».
    El uso del concepto de 'esclavitud', referido a la situación de muchos inmigrantes que trabajan en el campo, no tiene nada de metafórico. Caritas habla de un fenómeno «especialmente peligroso» que comienza a surgir con fuerza: los intermediarios laborales clandestinos. «La irregularidad se une con el tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral, un delito muy complejo de identificar».
    Según los agentes diocesanos, «los inmigrantes temporeros, con su documentación retenida, deben pagar el 50% de su salario a los intermediarios» para poder recuperar los papeles.
    La Oficina Estadística de la UE hizo públicos en abril los últimos datos al respecto. Sus conclusiones son demoledoras: «España es el segundo país de la Unión Europea con más víctimas identificadas de trata de seres humanos: 2.048 personas». Cáritas va más allá. Cree que la cifra aportada por Eurostat «es solo la punta del iceberg agrario». El problema, dice Pedro Barrera, es que bajo la superficie no solo hay mucha gente explotada. «También hay mucho miedo».
    Es lo que estipula el convenio del campo que debe pagarse, como mínimo diario, en la campaña del verdeo de la aceituna. En el caso de los cítricos, el convenio fija 47,83 por 8 horas. En ambos casos se han detectado 'jornales' de 20 euros por 10 horas. Sin días de descanso.
    El 19% de los trabajadores agrícolas temporeros que participaron en las principales campañas de 2012 son españoles, el 42% procede de África y el resto de Europa del Este y Latinoamérica. El crack de la construcción ha hecho que el porcentaje de españoles se duplique desde 2010.
    2.048 personas han sido identificadas por la Oficina Estadística de la UE como víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral en España, aunque el mismo informe reconoce la dificultad de determinar la comisión de un delito por el miedo a confesar de los afectados.
     
    TÍTULO;   EL PAIS, EL JUEZ QUE VA POR DELANTE,.
     
    1. Todos los días nada una hora antes de ir a trabajar. Flaco y fibroso, aparenta una forma física excelente, aunque admite ser un hipocondriaco ...
       

      SOCIEDAD

      El juez que va por delante

      El presidente de la sala que debe decidir sobre los recursos de la 'doctrina Parot' es un jurista escrupuloso e imperturbable. Fue de los primeros gays que salió del armario y se casó, y siempre le ha plantado cara a ETA

      Todos los días nada una hora antes de ir a trabajar. Flaco y fibroso, aparenta una forma física excelente, aunque admite ser un hipocondriaco contumaz. Siempre ha tenido perro (y gato) en casa y es un activo defensor de las causas de los animales. Hace tres años posó junto a personajes como Jorge Javier Vázquez, Alaska o Malú en un almanaque que denunciaba el abandono de los galgos.
      Estudió abogado economista en Deusto e intentó sin éxito una beca en Brujas para preparar unas oposiciones a funcionario de la UE. Trabajó un año en una empresa antes de hacerse juez.
      veces ha estado en el punto de mira de ETA, primero en el del comando que mató en 2001 al juez José María Lidón, un atentado que él recuerda como el peor momento de su carrera, y luego, en 2008, cuando por casualidad la banda descubrió que solía pasar parte de sus vacaciones en una casa de Ezcaray (La Rioja).
      Es como alguien que está enfermo y que sabe que algún día le pueden dar una mala noticia y, en efecto, se la dan». Fernando Grande Marlaska (Bilbao, 1962) reaccionó así la primera vez que le comunicaron que estaba en el punto de mira de ETA. El episodio, que no sería el único, ocurrió en el año 2000, cuando todavía trabajaba en la capital vizcaína y salía todos los días a pasear a su perrita por las calles próximas a su domicilio. A partir de entonces tuvo que aprender a vivir con escolta mientras 'Cira' se acostumbraba a corretear por las aceras y husmear en los alcorques sin la sombra protectora de su amo.
      Es probable que fuese un gesto aparentemente tan nimio como el de no poder sacar a 'Cira' el que precipitó su decisión de trasladarse a Madrid. La sombra que el terrorismo proyectó sobre la sociedad vasca era tan densa que a veces solo el chispazo de lucidez activado por uno de esos pequeños detalles permitía vislumbrar la realidad. Era el año 2003 y para entonces Grande Marlaska ya había despejado todas sus dudas. En lo profesional había descubierto que su vocación era la judicatura y en lo personal, que Gorka, un filólogo con el que convivía, era la persona con la que quería compartir el resto de su vida. Así que la pareja vendió la casa de Bilbao, cogió su perra y se fue a vivir a Madrid a pesar de que eso implicaba, entre otras muchas cosas, un futuro laboral más incierto.
      «Somos vascos, pero allí todo gravita en exceso sobre el tema del nacionalismo», comentaría a propósito del traslado años después en una entrevista concedida a la escritora Rosa Montero, en la única que ha hablado sin tapujos de su vida personal. «Las relaciones profesionales, las personales, el aire que respirábamos en la calle, todo estaba atrapado dentro del binomio nacionalismo sí, nacionalismo no, ETA sí, ETA no. Y al cumplir 40 años decidimos que queríamos vivir en una sociedad en la que el día a día no estuviera absolutamente acaparado por eso».
      Grande Marlaska, un tipo fibroso que cuida su imagen con trajes de corte moderno y un peinado cuidadamente desenfadado, empezó su nueva etapa en un simple juzgado de instrucción, pero a los meses aprovechó una vacante provisional de Baltasar Garzón para dar el salto a la Audiencia Nacional. «El de Bilbao», como era conocido entonces entre el personal del juzgado capitalino, no tardó en hacerse un hueco en su nuevo destino. La combinación de solvencia jurídica y conocimiento de los resortes del entramado etarra adquirido sobre el terreno hizo de él una pieza clave en el engranaje contra el terrorismo.
      El magistrado había dado ya muestra en Bilbao de su resistencia a cualquier adscripción ideológica haciendo oídos sordos a los cantos de sirena de las asociaciones de jueces de distinto signo. Su comportamiento en la Audiencia Nacional refrendó su voluntad de mantener su propio rumbo con independencia del viento político que soplase. Fue el primer juez que encarceló a Arnaldo Otegi como líder de Batasuna y también actuó con contundencia contra las 'listas pantalla' que la izquierda abertzale activó en sucesivas convocatorias electorales.
      Instruyó además la causa que impidió la excarcelación del etarra Iñaki de Juana Chaos, posibilidad que había sembrado una gran alarma mediática, y capitaneó sin que le temblase el pulso la controvertida investigación del chivatazo policial a la red de extorsión de ETA asentada en el bar Faisán de Irún. Otra de sus intervenciones más contestadas fue el archivo de la causa por el accidente del Yak que costó la vida a 62 militares.
      No tardaron en lloverle críticas de todas las esquinas del mapa político. Forjado como estaba en el acoso sistemático que la izquierda abertzale solía ejercer sobre los jueces en el País Vasco, aguantó el chaparrón con gesto imperturbable. «Si en algún momento hubiera visto que la presión social me mediatizaba, me habría preocupado muchísimo», ha comentado al respecto. Quienes le conocen destacan su exquisita cortesía y su cordialidad en el trato. Entre las víctimas del terrorismo tiene una gran reputación por el calor humano que transmite. Más de un vez, cuenta una de ellas, ha descolgado personalmente el teléfono para interesarse por alguien que atravesaba por un momento delicado: «Para nosotros es una garantía saber que siempre hay hilo directo con él».
      A Grande Marlaska se le conoce también por abordar su condición de homosexual con una sinceridad que ha roto esquemas. Al poco de contraer matrimonio con Gorka, su pareja, la revista 'Zero', dirigida a una audiencia gay, se hacía eco del enlace. Además, él mismo hablaba abiertamente de su idilio: «Gorka y yo nunca hemos ocultado nuestra relación, sin hacer proselitismo ni exhibicionismo siempre lo hemos llevado normalmente, como cualquier pareja heterosexual».
      También siente que le brota un sarpullido cada vez que alguien habla de él como un juez-estrella y es poco amigo de exhibirse en público, pero siempre está dispuesto a echar una mano cuando se trata de asuntos 'serios'. Así, no dudó en prestar su imagen a una campaña que fomentaba el uso de preservativos entre los homosexuales en la que también participaron Boris Izaguirre y Jesús Vázquez. Ni en otra contra el abandono de los galgos: en 2009 adoptó a 'Tita', hallada con sarna y raquitismo en un barrio marginal de Madrid.
      Puede que esa sinceridad haya violentado alguna que otra sensibilidad entre los espíritus más conservadores de la magistratura, pero la sangre no ha llegado al río. «Me siento muy querido en la Audiencia Nacional, casi me apabulla lo que me quieren y lo mucho que me respetan». Lo habitual es que un personaje con su poder se hubiese granjeado un montón de enemigos, pero ya empieza a quedar claro que tampoco en eso Grande Marlaska se atiene al canon. Aunque algunos de sus compañeros discrepen de sus resoluciones, hay unanimidad a la hora de reconocer su entrega y su capacidad resolutiva en el plano profesional, y, sobre todo, su calidad humana. «No es de esos jueces encerrados en sí mismos, es sociable y no duda en pedir consejo o en echar una mano a quien se lo reclama», cuenta un magistrado que ha trabajado años con él.
      La 'Vía Nanclares'
      Su carrera profesional, meteórica, le situó hace un año en la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, un puesto clave en la lucha judicial contra ETA. Desde allí ha hecho todo lo posible por dar un impulso a la 'Vía Nanclares', paraguas bajo el que se agrupan los presos que se han desmarcado de la banda y que han reconocido el daño causado. Son una treintena que han optado por una solución individualizada frente a los más de 600 que siguen en bloque la ortodoxia de la organización. El juez proporcionó un buen empujón a esa estrategia, puesta en marcha por el Gobierno socialista, al otorgar unos discutidos permisos de fin de semana a Valentín Lasarte y Joseba Urrusolo Sistiaga, este último el disidente de ETA que más peso tiene. Buen conocedor del imaginario de la izquierda abertzale, Grande Marlaska despliega los beneficios de la legislación penitenciaria para engrosar la lista de reclusos que se desmarcan de la banda.
      Es probable que el magistrado experimentase algo muy parecido al dolor físico al comprobar el pasado lunes la desolación que el fallo del Tribunal de Estrasburgo sobre la 'doctrina Parot' ha causado entre muchas víctimas. Pero si algo tiene claro es que la ley no se puede contaminar con los sentimientos, y por eso la sala que preside ya sentó un precedente el pasado día 11 al no aplicar la 'doctrina Parot' al etarra Márquez del Fresno, adelantándose de esa forma al pronunciamiento de Estrasburgo. Ahora será la misma sala la que deberá resolver la cascada de recursos anunciada por los presos afectados. Habrá que ver si también esta vez Grande Marlaska es capaz de ir por delante.
       
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