Un país en la mochila - Álvaro Martín, en la Copa de Europa ,./ AQUI HAY TRABAJO - «El dinero no repara la pérdida y de mi niño me acuerdo todos los días» ,. / 80 cm - Murcia ,. / REVISTA SALUD - Un visado climático para los vulnerables,.

     TITULO: Un país en la mochila - Álvaro Martín, en la Copa de Europa,.

Álvaro Martín, en la Copa de Europa,.

foto / No ha tardado mucho en llegar la primera convocatoria de Álvaro Martín con la selección española de atletismo desde que pertenece al equipo Capex de Villafranca. El 16 de mayo viajará a la República Checa para competir en Podebrady con el equipo español de 20 kilómetros marcha, prueba en la que es el actual campeón de Europa, por llevarse el oro en la Copa de Europa de marcha por selecciones,.

TITULO: AQUI HAY TRABAJO - «El dinero no repara la pérdida y de mi niño me acuerdo todos los días» ,.

 

«El dinero no repara la pérdida y de mi niño me acuerdo todos los días»,.

Sonia perdió a su hijo en el parto, durante una hora crucial en la que no recibió asistencia en el hospital. Esta semana un tribunal determinó que hubo negligencia médica,.

 

foto / Sonia, mirando la ecografía de Leo. 

Las de ambos hijos. Ese día temprano, en su primera solicitud de asistencia médica, le dijeron que volviera a casa. Le prescribieron paracetamol. Pero tanto es su dolor en su segunda visita al Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, que no puede moverse. No es posible explorarla manualmente. Le han prometido monitorizar al feto. Pasa el tiempo en un limbo hospitalario. "Soy enfermera y llevé las dos historias, la del parto anterior y la de éste", recuerda Sonia, de 42 años. "Me trataron como si yo estuviera muy nerviosa. Me dejaron en un pasillo, no me pusieron monitores, y luego me dejaron en la zona de dilatación sola con mi madre al lado. Me pincharon, sondaron y se fueron".

Por fin la atiende una matrona. Nota dos síntomas de "absoluta gravedad". Un fuerte dolor abdominal y la disminución de la frecuencia cardiaca del feto. Avisa a Ginecología. No hay tiempo de monitorizar al bebé, atestiguará luego. Sucede entonces otro inexplicable paréntesis letal. Durante una hora, Sonia no recibe ninguna atención. A pesar de sus súplicas nada se mueve a su alrededor para salvar a su hijo. Recién a las 19:55 horas, el médico ordena una cesárea urgente. Las sospechas son terribles y se confirmarán luego. "Riesgo de bienestar fetal y sospecha de desprendimiento prematuro de placenta". Pero aún pasarán interminables minutos hasta que se interviene a la madre y al niño, que ya tiene nombre: Leo. Y su madre le ha hecho una fotografía, una ecografía 3D. "Me rajaron, un dolor horroroso, no dio tiempo de ponerme la epidural", prosigue Sonia, sobre aquella operación que sesgó la vida de su hijo en 2016. La reacción médica tardía tampoco ayuda. En una cesárea urgente el tiempo mínimo de extracción es de 18 minutos, dictan los protocolos. En el hospital andaluz se hizo en diez, lo que aumenta el "riesgo de morbilidad neonatal". "Estaba despierta, los escuchaba decir lo mal que venía el niño. Pregunté una y otra vez por él y no me respondían. ¿Está bien, se sabe algo?, preguntaba. Una enfermera me dijo que no me podía decir nada. Fue mi hermana la que vino a decirme que el niño había fallecido. El doctor dio la cara después. No me dejaron ver al niño. No lo pude ver. A mí nadie me preguntó si lo quería ver. El niño pasó al anatómico forense. Lo reconoció mi familia. Yo estaba muy delicada. Lo incineramos".

Durante seis meses, Sonia vive el luto por Leo, ocupada en mantener un hogar con su hijo mayor, que ahora tiene ocho años. "Me dejó rota, necesité atención psicológica", sostiene Sonia. "Estás pendiente de todo lo que hay en tu casa y de digerir lo sucedido. Pero lo que ha pasado conmigo no es justo. Tengo otro niño, y la fuerza que me da...". Seis meses después decide llevar su caso a los tribunales. Ha tardado cuatro años en conseguir una "victoria moral". "Si me hubieran dejado ingresada, a mi niño le hubieran dado una oportunidad", acusa Sonia. "Pero no le dieron ninguna. Y si yo me hubiera quedado en mi casa, hubiera muerto".

 

LA HORA CRUCIAL

¿Qué ocurre entre las 19 y las 19:55 horas?, se pregunta la magistrada en el juicio. La respuesta será la que incline la balanza entre las partes en litigio. Pero la mayor parte del rastro clínico ha sido eliminado. Los demandados, el Servicio de Aseguramiento y Riesgos del Servicio Andaluz de Salud, alega que "la gestante continuaba sin presentar signos de riesgos de parto pretérmino ni otros signos de alarma que hicieran aconsejable su ingreso o la adopción de medidas diagnósticas y/o terapéuticas adicionales".

El personal sanitario también se defiende en sus informes diciendo que la braquicardia fetal comenzó casi a las 20 horas, para negar el retraso en la cesárea. La incógnita de lo sucedido hasta esa hora la despeja una enfermera, cuyo testimonio permite reconstruir la atención recibida por Sonia y la hora crucial perdida por los médicos. No se hizo nada. "Este retraso fue fatal para el feto, que nació sin vida", concluye la juez frente a la versión de los responsables del Hospital Virgen del Rocío, que mantuvieron en todo momento que Sonia no presentaba "signos de alarma" y que había efectuado una serie de procedimientos cuando ingresó por segunda vez, sin pérdida de tiempo. Ninguna aparece en el historial. "No deja de sorprender que no figure", escribe la magistrada en su sentencia. "Es absolutamente anómalo (...) Esta Juzgadora no puede dar por acreditado que se practicó la ecografía y, si se practicó, cuándo se hizo y cuál fue el resultado. Tampoco se ofrece explicación alguna por la que, constatada la bradicardia a las 19:00 horas, fuera necesaria realizar una ecografía posterior", dice la juez.

Cuatro años de lucha Decidida a que se hiciera justicia, Sonia incluso se endeudó para seguir adelante con el proceso judicial. "Las negligencias en el ámbito obstétrico pasan más de lo que deberían, muchísimo, tanto en la sanidad pública como en la privada. Fallecimientos o niños que sufren parálisis cerebral", mantiene María Jesús Villalpando, abogada del Defensor del Paciente, que ha representado a Sonia. "Son de las negligencias que más suceden: parálisis braquial, cerebral, inducciones que no debieron hacerse, altas precipitadas... Pero los procedimientos son largos, burocráticos y pesados. Toda reparación del daño pasa por una suma económica. Fuera de la opción penal, no tienes más opción que fijar cuantía".

El juicio llegó a su fin la semana pasada. "Estos años han sido duros", confiesa la madre. "Mi hijo se ha quedado esperando a su hermano y yo a Leo. Ya mi útero no sirve y cada noticia del caso lo removía todo. Además la justicia es cara. Tuve que pedir un préstamo al banco. Trabajo media jornada para poder cuidar a mi hijo".

La Sanidad andaluza no recurrió, por lo que el dictamen es firme. Deberá indemnizar tanto a la madre como al hermano de Leo con 163.000 euros. "El dinero no repara la pérdida y de mi niño me acuerdo todos los días, pero es satisfactorio que te den la razón, y queremos que no le pase a nadie más", señala Sonia. "Se debe hacer un protocolo para embarazadas de riesgo y cumplirse. Porque a mi niño no me lo van a devolver". Leo hubiera nacido con 1,2 kilos, un peso "magnífico" para un sietemesino.

TITULO: 80 cm - Murcia ,.

 Domingo -9- Mayo a las 18:30 horas en La 2 / foto,.

80 cm - Murcia,.

Murcia no es tan sólo turismo de costa. En la Murcia interior hay lugares muy bellos para descubrir practicando una actividad tan sana y en plena naturaleza como es el senderismo.

En 80cm recorremos, con Juanjo Pardo, dos de las rutas más fascinantes y sorprendentes de Murcia donde el agua cristalina es la gran protagonista. Nuestro guía en el cañón de Almadenes y el estrecho de Bolvonegro es Juan Diego Simón, quien conoce a fondo Murcia y sus innumerables senderos.
En el cañón de Almadenes, Juanjo Pardo visita las cuevas del arco y la serreta. En las dos hay unas interesantes muestras de arte paleolítico y también podemos encontrar en ellas la huella de sus antiguos pobladores. Cerca del pueblo de Moratalla, Juanjo Pardo descubre, en su segundo sendero, un paraje sorprendente: el cañón de Bolvonegro. El antiguo nombre del cañón era Gorgonegro, la garganta negra y en este capítulo de 80 cm podréis apreciar el por qué.

TITULO: REVISTA SALUD - Un visado climático para los vulnerables,.

 

Un visado climático para los vulnerables,.

Piden a Bruselas que «se posicione» sobre el impacto negativo que el calentamiento global tiene en las poblaciones más frágiles,.

 

El archipiélago Vanuatu, al noroeste de Australia, con sus 83 islas y una población de 264.000 almas, es el lugar más amenazado del planeta, foto,.

No solo las guerras y la falta de oportunidades obligan a los seres humanos a emigrar para buscarse una vida mejor. Los cambios ambientales también son causa importante de desplazamientos. Resulta difícil cuantificarlos, puesto que la legislación internacional no ofrece amparo a quienes huyen por este motivo, pero Acnur, la agencia de Naciones,. El impacto del cambio climático en la población vulnerable en los países en desarrollo’, reconoce esa responsabilidad por parte de la Unión Europea, e incide en la necesidad de reforzar sustancialmente la contribución europea para proteger a esas poblaciones.

El apoyo económico-financiero se expresa en este informe mediante la disposición de una reserva económica para los países más afectados por la crisis climática a través de la nueva herramienta de política exterior de la Unión Europea, el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI). Igualmente, se considera proporcionar financiación para la mitigación, adaptación y reducción del riesgo de desastres y las pérdidas y daños asociados al cambio climático.

Este soporte económico, pero también de medios humanos y materiales, pretende mejorar las herramientas de respuesta rápida para prevenir y gestionar las crisis relacionadas con el clima, y aumentar la resiliencia de la población mediante la reducción de las vulnerabilidades generales -causadas por la pobreza, la desigualdad o la falta de protección social- y las específicas del cambio climático, como la pérdida de vivienda y medios de vida. Pero ese compromiso también debe plasmarse en unos acuerdos éticos que se traduzcan en un ordenamiento jurídico explícito, que proteja a esas poblaciones que han de trasladarse ante las condiciones adversas de un clima cambiante.

Hablamos, concretamente, de la propuesta de un ‘visado climático’ como medida de protección para las víctimas de desastres y de otros impactos del calentamiento global, para las personas que ven cómo se destruyen sus medios de vida y se ven obligadas a abandonar sus hogares. Desde la Comisión y los Estados miembros se debe plantear un debate que permita considerar el riesgo para la vida que supone la amenaza del cambio climático, como criterio de elegibilidad para la protección humanitaria.

Los visados climáticos deberían permitir una migración temprana, planificada y voluntaria desde las regiones más afectadas por los impactos climáticos hacia regiones menos peligrosas. Desde hace años vienen funcionando acuerdos laborales (no climáticos) entre pequeños estados insulares de escasa elevación y Nueva Zelanda y Australia, que permiten que trabajadores cualificados migren cada año de manera regular y ordenada. Estas experiencias, considerando los resultados positivos que están alcanzando, podrían servir de ejemplo para la Unión Europea. No obstante, para atender realmente las necesidades de las personas migrantes climáticas, los visados climáticos deben incluir igualmente a las personas vulnerables a nivel social, cultural y económico, como las enfermas y las ancianas, las niñas y los niños, o la situación de las mujeres, especialmente afectadas en contextos de migración climática.

Ya existen precedentes que no solo invitan a abordar esta cuestión, sino que explican la urgencia de hacerlo. En 2013, un ciudadano de Kiribati solicitó asilo a Nueva Zelanda alegando que su vida corría peligro por el hacinamiento y la falta de agua como consecuencia del cambio climático. Su solicitud fue rechazada en 2015, por lo que tiempo después fue deportado a Kiribati. Tras haber agotado las vías internas, elevó el caso al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que, si bien no revocó la respuesta de los tribunales neozelandeses, subrayó que, en el futuro, cabe la posibilidad de que pueda aplicarse el principio de no devolución. Es decir, no se podrá devolver a una persona a un país en el que su derecho a la vida corra peligro por las consecuencias del cambio climático.

Por su parte, en Francia, los tribunales han rechazado recientemente la deportación de un ciudadano de Bangladesh que ha alegado problemas respiratorios debido a la crónica contaminación del aire que sufre su país. Ya existen experiencias de respuesta globales, como el Equipo de Tareas sobre Desplazamientos del Mecanismo Internacional de Varsovia, dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), o la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres (PDD), que pretende brindar una mejor protección a personas desplazadas a través de fronteras en el contexto de desastres y cambio climático.

Sin embargo, cada vez se hace más necesario el desarrollo, la implementación y la integración de medidas adicionales para proteger a las personas migrantes climáticas. Pensemos en reunir todas las iniciativas existentes bajo un paraguas global, coordinado, solidario y eficaz, que nos permita atender la gravedad de la situación y dar una respuesta lo más amplia posible que garantice la protección de los derechos humanos de las personas afectadas durante el proceso migratorio. En este sentido, el concepto de ‘visado climático’ no debe entenderse como una concesión compasiva por parte de la Unión Europea a las poblaciones más vulnerables al cambio climático, sino como un elemento fundamental en la cooperación que se debe establecer para hacer frente a un problema global de injusticia climática.

Ha llegado el momento de reiterar la posición de la Unión Europea como actor global, más allá de ser una potencia normativa, y asumir el compromiso que debe tener en cuanto a su acción climática

Esto implicaría integrar cuestiones más allá de la necesaria protección jurídica. Hablamos de trabajar por recuperar los territorios de origen de las personas migrantes, optimizando los beneficios de la migración laboral o la migración circular; invirtiendo en la formación y mejora de habilidades de las personas migrantes, ya que su experiencia retornará positivamente tanto a los países de destino como en el caso del retorno de esos trabajadores y trabajadoras a sus lugares de origen; o facilitando los flujos de remesas como medio de implementación de los esfuerzos de desarrollo y adaptación en las regiones de origen que son particularmente vulnerables a los desastres y al cambio climático.

De fondo, lo que se plantea es cuál va a ser nuestra respuesta ante el desafío de las migraciones climáticas. Si queremos profundizar en el conocimiento, la comprensión y las respuestas a este problema, construyendo experiencias desde la solidaridad, o nos queremos atar al limitado y falaz argumento de la securitización de nuestras fronteras, cuando sabemos que el cambio climático no conoce de límites geográficos. Una vez han sido aprobadas las enmiendas en la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, este informe de propia iniciativa tiene el camino abierto para ser aprobado en el pleno del Parlamento Europeo durante esta primavera. Estamos ante una oportunidad histórica de situar a las poblaciones más vulnerables en el centro de la acción humanitaria, pero también, de continuar desarrollando la dimensión exterior del pacto. Verde Europeo.

En definitiva, ha llegado el momento de reiterar la posición de la Unión Europea como actor global, más allá de ser una potencia normativa, y asumir el compromiso que debe tener en cuanto a su acción climática y su responsabilidad con los países y las poblaciones que más sufren los impactos del cambio climático.

* Mónica Silvana González es diputada en el Parlamento Europeo por la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas; Jesús Marcos Gamero es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid en Retos Medioambientales Globales e investigador de la Fundación Alternativas; Beatriz Felipe es investigadora asociada al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT).