TITULO: DESAYUNO CENA FIN SABADO - Abascal se prepara para ajustar cuentas con Casado el día después del 13-F ,.
DESAYUNO CENA FIN SABADO - Abascal se prepara para ajustar cuentas con Casado el día después del 13-F ,, fotos,.
Abascal se prepara para ajustar cuentas con Casado el día después del 13-F,.
Vox pedirá entrar en el Gobierno si Mañueco pide sus votos para ser investido,.
Abascal acabó su acto electoral del sábado en Burgos al grito de “¡Viva Castilla La Vieja!”. No fue un lapsus. Castilla La Vieja era el nombre de una región que, hasta la restauración democrática, abarcaba seis de las nueve provincias castellanoleonesas (todas menos León, Zamora y Salamanca), además de La Rioja y Cantabria. Vox no pretende anexionar a Castilla y León las dos comunidades vecinas ni satisfacer la demanda leonesista de tener autonomía propia o resucitar una Castilla La Vieja que nunca existió como ente administrativo. El líder de Vox, simplemente, no cree en el Estado de las Autonomías y, menos que en ninguna, en Castilla y León.
Desayuno,.
Buena parte de la campaña electoral de Abascal —acompañado siempre como telonero por su candidato a la Presidencia regional, el joven abogado burgalés Juan García-Gallardo— se ha basado en denunciar una doble marginación: la de Castilla y León como región, la “gran damnificada del Estado autonómico, castigada por su lealtad a España”; y la de ocho de sus provincias, cada una de ellas “el patito feo de Castilla y León”.
Cena,.
En una comunidad en la que el 35% de sus habitantes son partidarios de un Estado unitario, según el sondeo de 40dB. publicado el lunes por EL PAÍS, Abascal ha cargado sin contemplaciones contra el Estado de las Autonomías, al que ha calificado de “ensayo fallido, liberticida, antigualla y costosísimo”. Y ha denunciado que el centralismo madrileño ha sido sustituido por “17 centralismos, como el que hay ahora en Valladolid” (esta última frase no la dijo en Valladolid, sino en Burgos).
Vox carece de presencia municipal en Castilla y León (solo tiene 64 concejales de un total de casi 13.000) y se le dan mucho mejor las elecciones nacionales que las regionales: en las autonómicas de mayo de 2019 obtuvo el 5,4% de los votos y en las generales, apenas cinco meses después, el 16,8%. Por eso ha intentado convertir las elecciones castellanoleonesas en una primera vuelta de las legislativas nacionales.
Solo lo ha logrado en parte. Pese a la presencia continua de Abascal en la región, no ha conseguido las movilizaciones masivas de anteriores campañas: los asistentes a sus mítines se han contado por cientos, no por miles. Esta vez le ha faltado el combustible del independentismo catalán, presente en forma de juicio del procés, sentencia del Supremo o indultos a los presos en anteriores comicios. El órdago separatista ha desaparecido por completo del debate político.
En su lugar, Vox ha intentado enarbolar otra bandera: su oposición a la Agenda 2030. Pero, pese a sus denodados esfuerzos, Abascal no ha conseguido que el rechazo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas despierte en sus seguidores la ola de hostilidad que antes levantaba la mera mención del nombre del expresidente catalán Carles Puigdemont.En contra de Vox juega otro factor: al tratarse de una fuerza lítica nueva en la región, está obligada a señalar los fallos y deficiencias de un partido que lleva gobernando 35 años: el PP. Sin embargo, su oferta política consiste en que los populares sigan gobernando cuatro años más. Los dirigentes de Vox no ocultan que su mayor aspiración consiste en sustituir a Ciudadanos como socio de Gobierno de Mañueco.
Pese a todo, Vox es el único partido que tiene asegurado cantar victoria el domingo. Con un solo procurador en las Cortes anteriores, tiene al alcance de la mano multiplicar sus escaños por 10. No le hace falta llegar al 16,8% de votos que tuvo el 10-N; le basta con acercarse al 12,3% del 28 de abril de 2019. Todas las encuestas le dan una horquilla de entre ocho y 13 procuradores; la mayoría se inclina por 10. Su porcentaje de votos dependerá en gran medida del nivel de participación. Como los electores de Vox, más ideologizados, suelen acudir en masa a las urnas, su peso relativo será mayor si se quedan en casa los demás.
Abascal no ha revelado en toda la campaña qué precio pondrá por su apoyo a Mañueco. Solo ha dicho que no le regalará su investidura, como hizo con Díaz Ayuso en Madrid. El líder de Vox pasará la noche electoral en un hotel de Valladolid y ya ha convocado una rueda de prensa para el próximo lunes, cuando haya podido reposar los resultados. Será el momento de ajustar cuentas con el líder del PP, Pablo Casado, con quien tiene deudas pendientes desde que este descalificó con un ataque personal su moción de censura contra Sánchez en octubre de 2020.
Fuentes de Vox admiten que el precio que ponga Abascal por apoyar la investidura de Mañueco dependerá de su resultado en las urnas. No solo el de Vox, también el del PP. Si a Mañueco le basta con la abstención de Vox para ser investido, Abascal no votará en contra sumándose a la izquierda, porque sería suicida para él. Pero si Mañueco necesita el sí de Vox porque el PP no suma más escaños que la izquierda, Abascal pedirá entrar en el Gobierno.
Presiones de Hazte Oír
El líder de Vox quiere tener las manos libres para negociar el futuro de Castilla y León y por eso su candidato, Juan García-Gallardo, se ha negado a responder al cuestionario que Hazte Oír, el grupo que ha apoyado desde el principio al partido de Abascal, le ha remitido para marcarle la agenda. Esta negativa ha provocado una agresiva campaña de recogida de firmas y anuncios de prensa por parte del lobby integrista católico.
Las exigencias de Hazte Oír coinciden en parte con los 10 puntos a los que se limita el programa electoral de Vox para Castilla y León (que pide abolir el decreto regional de memoria histórica y renunciar al proyecto de ley LGTBI que elaboró el Gobierno de PP y Cs, aunque falta una mención expresa al veto parental), pero Abascal no quiere que nadie lo tutele ni desviarse de su objetivo estratégico: que Casado lo reconozca como socio indispensable para llegar a La Moncloa.
TITULO: Viaje con nosotros - El huevo de colon telecinco - Las tres puertas - Paz Padilla, al actor Antonio Resines y las cantantes Luz Casal y Malú,.
- Viaje con nosotros,.
- Javier Gurruchaga lo presenta - Comenzó a emitirse el 26 de enero de 1988. Tenía una periodicidad semanal (martes) y se emitió hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Ese día se emitió el programa titulado "La última cena", espacio promovido por Pilar Miró, por aquel entonces directora general de RTVE, en el que también participó Elton John y que no estuvo exento de polémica. Entre los personajes famosos que "viajaron" con Javier Gurruchaga estuvieron: Luis Antonio de Villena, Iñaki Perurena, Pedro Almodóvar, Chumy Chúmez, José Luis Coll, Ana Obregón, José Luis Garci, Inés Sastre, Joaquín Sabina y Sara Montiel. Gurruchaga ejercía de coguionista junto al colectivo Lo que yo te diga.
- El huevo de Colón,.
- Javier Gurruchaga lo presenta - Fue estrenado en Telecinco el 4 de julio de 1992, y se emitía los sábados a las diez de la noche. Era un programa de variedades que incluía actuaciones musicales, una sección de cámara oculta y varios juegos de habilidad en antena.
Más de un mes después de su despido como presentadora
de 'Sálvame',
Paz Padilla visitará '
Las tres puertas' de TVE para ser entrevistada por María Casado,.
— Paz Padilla apaga 'Sálvame':
“Ya no lo veo, estoy en otra onda,.
Paz Padilla salta a TVE para ser entrevistada por María Casado en 'Las tres puertas'
Después del parón de esta semana para ceder su noche al concierto solidario con Ucrania, Las tres puertas regresará a La 1 con una invitada que en los últimos meses ha acaparado cientos de titulares en los medios de comunicación.
María Casado entrevistará a Paz Padilla en la que será su primer contacto con la televisión nacional desde que fue despedida de Mediaset hace más de un mes. La expresentadora de Sálvame ha aparecido en varios programas de la cadena catalana TV3, pero hasta ahora no había pisado ningún plató de las televisiones generalistas.
La actriz y humorista hará una pausa en su gira teatral para visitar el programa que María Casado presenta en TVE, cuya emisión tendrá lugar este miércoles 13 de abril a las 22:40 de la noche. La periodista también entrevistará al actor Antonio Resines y las cantantes Luz Casal y Malú.
“Las tres puertas es uno de los programas más interesantes de la televisión, donde una puede abrir su alma y hablar sin miedo, donde se te va a escuchar sin cuestionar. Donde una puede ser libre. Hablar con María Casado es encontrar una amiga. ¡Gracias por invitarme!”, ha escrito Paz en Instagram.
Después de 13 años trabajando en Mediaset, Paz Padilla fue despedida por abandonar Sálvame al tener una fuerte discusión con Belén Esteban. La presentadora, que en los meses previos había generado algunas polémicas por sus comentarios sobre la pandemia de coronavirus, ha demandado a la empresa y está pendiente de que un juzgado resuelva si su despido fue procedente.
TITULO: POLICÍAS EN ACCIÓN -La Iglesia cambia el rumbo de su discurso sobre la pederastia,.
La Iglesia cambia el rumbo de su discurso sobre la pederastia,.
foto / La Conferencia Episcopal ha pasado en un lapso de varios meses del negacionismo a reconocer su lentitud ante la gestión de los abusos. Un giro de 180 grados donde también se perciben las contradicciones en las que ha caído en estos últimos tres años,.
La dirección del discurso de la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre su gestión de los casos de pederastia ha sufrido un viraje en las últimas semanas: del negacionismo a reconocer que la Iglesia ha llegado tarde a hacer frente al problema. “Es de sabios rectificar”, respondió este jueves el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, ante las preguntas de este diario tras su entrevista en Roma con el Papa. Omella admite que las recientes publicaciones periodísticas han ayudado a ese cambio de postura en la cúpula de la Iglesia para que, hace dos meses, encargase a un bufete de abogados una auditoría para conocer los casos del pasado, investigar el encubrimiento y reparar a las víctimas. Palabras que desentonan con las pronunciadas hace justo tres años, en abril de 2019, por el secretario de la Conferencia, el obispo Luis Argüello: “No realizaremos un informe. Investigaremos los casos que nos comuniquen, pero no iremos con una lupa. No hay datos. ¿Qué hacemos? ¿Coger un túnel del tiempo?”.
Junto a las publicaciones de numerosos casos en la prensa, el dosier entregado al Papa en diciembre de 2021 y la presión social, un cargo eclesiástico afirma que a este giro de 180 grados también se suma un cambio dentro de la CEE. “Hay un tercio de los obispos españoles, en su mayoría los más jóvenes, que sin ellos no estaríamos hablando de Cremades [despacho al que la Conferencia le ha encargado la auditoría]. Han hecho y hacen mucha presión para que la Iglesia cambie la dirección sobre cómo actuar frente a los abusos y su pasado. Era una situación que clamaba al cielo”, subraya esta fuente. Pese al cambio de postura, se sigue percibiendo una falta de transparencia en varios puntos sobre este tema en los que, a lo largo de estos tres últimos años y a través de sus declaraciones, la CEE se ha contradicho.
España es una excepción
Una de las explicaciones que la CEE ha dado cuando se le preguntaba por qué no ponía en marcha una comisión de investigación independiente como en los últimos años ha hecho la Iglesia alemana o francesa (donde salieron a la luz cientos de casos) es que España podía ser una excepción. “Quizá en la sociedad española, por la misma manera de vivir de los sacerdotes en la vida parroquial, por su relación con el pueblo, por el estilo de los seminarios, es que el número de abusadores eclesiásticos ha sido menor”, argumentó Argüello el 25 de febrero de 2021, durante una rueda de prensa tras la primera plenaria del año.
Justo un año después, en febrero de 2022, el portavoz de los obispos reconoció por primera vez en una entrevista en Ràdio Estel, la emisora del Arzobispado de Barcelona, que si la Iglesia española ponía en marcha una investigación independiente del pasado como la que hicieron los prelados franceses (cuyos resultados estiman en unas 330.000 el número de víctimas en los últimos 70 años) le llevaría “a unas conclusiones de alguna forma similares”.
“Solo son pequeños casos”
Pese a las constantes preguntas de los medios sobre cuál es el número de casos que la Iglesia conoce y ha gestionado en sus tribunales, la jerarquía eclesial siempre ha respondido con evasivas o aportando datos poco concretos, sin aclarar la fecha y el lugar. Incluso hasta 2020, según informó un portavoz a este diario, la Conferencia no contabilizaba las víctimas que salían en prensa, una dinámica que también ha cambiado en los últimos meses, cuando Omella se reunió oficialmente con asociaciones de afectados. El 25 de febrero de 2021, el también portavoz de los obispos informó en una rueda de prensa que el número de denuncias que habían recibido hasta la fecha en sus oficinas de atención a víctimas (abiertas desde 2019 por orden del Papa en cada episcopado) habían sido “muy pequeñas”. Pese a que la CEE afirmaba no tener el número concreto de los casos que los obispados habían recibido, estimaba que habría “entre siete u ocho”.
Un día antes, EL PAÍS publicó un reportaje tras preguntar a cada una de las 70 diócesis el número de casos de los que tenía constancia en las últimas décadas. De ellas, 32 aceptaron informar, aunque la mayoría no contabilizaba ninguno. Solo 15 obispados admitieron 45. Un número que no cuadraba con el que dio Argüello.
En abril de ese mismo año, la CEE aportó por primera vez datos sobre pederastia en España: no preguntó a las diócesis, sino a la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde los obispos deben comunicar desde 2002 los casos que conocen. En los últimos 20 años, Roma había recibido 220 denuncias de sacerdotes, 144 de ellos dependientes de los obispados (ese recuento no incluía a los religiosos que no son curas). De esta publicación se podía interpretar dos lecturas. O las 38 diócesis que no compartieron sus datos con EL PAÍS dos meses antes (muchas de ellas las más pequeñas en extensión) habían recibido 99 casos (144 de los recibidos de Roma menos los 45 admitidos a este diario) o muchos de los obispos habían mentido.
Pese a ello, Argüello siguió insistiendo el 19 de noviembre de 2021 que las denuncias que habían llegado a las oficinas desde 2019 “solo son pequeños casos”. Cuatro meses después, y ya publicado el dosier elaborado por EL PAÍS con 251 casos inéditos y el anuncio de la CEE de investigarse a sí misma, los obispos y las órdenes religiosas hacen público nuevos datos de sus oficinas: 502 casos, 177 pertenecientes a los obispados, según los datos que la CEE presentó el pasado 31 de marzo a los delegados de estas oficinas. Las cifras pasaron en tres meses de “cero casos o ninguno” a medio millar. Argüello no explicó las cifras, simplemente informó de que ciertos casos posiblemente estaban duplicados, aunque no dijo cuáles.
“No tenemos poder”
La principal justificación de la CEE para no emprender una comisión independiente que investigase los casos del pasado era su falta de potestad sobre las diócesis, al tratarse de una organización colegiada. “Que cada diócesis haga lo que crea oportuno”, dijo en 2018 el por entonces presidente de la Conferencia, el cardenal Ricardo Blázquez. Desde entonces, ese ha sido el pretexto para no investigarse a sí misma de forma general. Hasta febrero de 2022, cuando la Comisión Ejecutiva encargó al bufete Cremades & Calvo-Sotelo una auditoria sobre el problema. No solo se firmó un acuerdo sin la votación a favor de todos los obispos españoles, sino que algunos de la misma Ejecutiva, como el vicepresidente de la CEE, el cardenal Carlos Osoro, no tuvo constancia de ello hasta después de que Omella aportase su rúbrica. En una entrevista reciente a EL PAÍS, Osoro confirmó que durante las negociaciones al respecto estaba de viaje en Roma y no se enteró de nada.
“La Conferencia ha pagado cero euros de indemnizaciones”
Las indemnizaciones a víctimas siguen siendo uno de los temas sobre los que la Iglesia en general y los obispos en particular han mostrado menos transparencia: no han informado de cuánto han pagado incluso, en algunos casos, de cómo lo harán en el futuro. Fernando Giménez Barriocanal, jefe de finanzas de la Conferencia Episcopal Española, dijo en una entrevista a este diario el 10 de noviembre de 2018 que la CEE había destinado, hasta ese momento, “cero euros a las diócesis españolas” para resarcir a los afectados de abusos. “Fuera de eso, la partida que pueda haber debe ser escasamente significativa en el conjunto de todas las de la Iglesia”, explicó Barriocanal pese a afirmar que desconoce cuánto dinero han pagado los obispos a las víctimas.
La CEE tiene potestad para reclamar directamente a cada obispo que le especifique cuánto ha gastado en indemnizar a víctimas de abusos: “Muchas diócesis siguen presentando sus balances con un apartado llamado ‘otros gastos’ donde no dan cuenta de en qué se han gastado ese porcentaje de dinero. Eso no te lo aceptan en Hacienda”, dice este especialista. Este diario ha cifrado en al menos 2.063.728 euros la cantidad que la Iglesia (diócesis y órdenes religiosas) ha pagado a 173 víctimas en las últimas cuatro décadas, según aparece en las sentencias judiciales y en la prensa, en este último caso sobre los episodios en los que varios obispos o congregaciones compraron el silencio de los afectados.
Tras el anuncio de la auditoría, el presidente de la CEE y el consejero delegado del despacho, Javier Cremades, insistieron durante la presentación de la misma el pasado febrero que la reparación de los afectados sería uno de los tres pilares de la iniciativa.
Una campaña anticlerical
El papel de la prensa ha sido otro de los puntos que ha cambiado de rumbo en el discurso de la Iglesia española. Cuando en octubre de 2018 EL PAÍS publicó su primer reportaje informando cómo la Iglesia había silenciado durante décadas los casos que conoció, muchos fueron los prelados que tildaron públicamente de anticlericales los motivos de estas informaciones. “Se quiere extender injustamente un velo de sospecha sobre la multitud inmensa de sacerdotes”, dijo el 15 de diciembre de 2018 el obispo de Ávila, el exsecretario de la CEE José María Gil Tamayo, durante su primera homilía como purpurado. Esa dinámica siguió incluso cuando este diario hizo entrega de su dosier, al que en una nota de prensa en diciembre de 2021 la CEE tildó de “poco riguroso”. De hecho, un día y medio después de hacerse público, la primera respuesta de su jefe de prensa fue desentenderse de la investigación que la Iglesia española, según el derecho canónico, estaba obligada a abrir y aseguró que la llevaría a cabo solo el Vaticano.
Poco después, varios obispos, como el de Bilbao y el de Santiago de Compostela, se pronunciaron a favor del trabajo de este periódico. Le siguieron otros, al igual que muchas órdenes religiosas. El cardenal Osoro admitió el mes pasado que sin este trabajo periodístico “la situación [de los abusos], posiblemente, no hubiese cambiado”. Durante su viaje a Roma de esta semana, Omella agradeció el trabajo a EL PAÍS y achacó las reacciones de los prelados a una cuestión de carácter: “A veces, todos somos un poco impulsivos y saltamos. Pero ya está”.
TITULO: 3 RAZONES CON - El debate de descentralizar la autonomía en Castilla y León,.
El debate de descentralizar la autonomía en Castilla y León,.
foto / La ubicación de las sedes públicas en la región más extensa de España enfrenta a la capital con el resto de las provincias,.
Valladolid se encuentra en el centro de Castilla y León, en los mapas y en lo institucional. La Junta y las Cortes se ubican en la ciudad más poblada de la comunidad, y las ocho provincias restantes reclaman periódicamente descentralizar organismos para repartir los estímulos por todo el territorio. La geografía y la historia explican el centralismo en la comunidad más extensa de España, sin una identidad tan marcada como otras, apenas pespunteada por el Estatuto de Autonomía de 1983. Ahora, el candidato socialista, Luis Tudanca, plantea trasladar alguna consejería de las once que hoy se asientan en Valladolid.
Castilla y León no tiene una capital oficial. El estatuto solo establece que donde se ubiquen las instituciones —el Gobierno y el Parlamento autonómicos— se fijará la capital, y en este momento están en Valladolid. Ya hay, no obstante, entidades públicas que no se encuentran en la ciudad del Pisuerga: por ejemplo, el Procurador del Común (León), el Consejo Consultivo (Zamora), el Consejo de Cuentas (Palencia) y el Tribunal Superior de Justicia (Burgos).
Preguntar a lo largo de Castilla y León sobre la centralización ofrece opiniones mayoritariamente contrarias a Valladolid. Hacerlo en la Plaza Mayor pucelana abre el debate entre los treintañeros Enrique Cañibano y Tania Colón y la salmantina Celia García. El primero reprueba la “envidia” de los demás territorios y apunta que Palencia o Burgos cuentan con sedes públicas. García constata que la sensación es algo distinta en las otras capitales mientras que Colón se sitúa en el medio: “Entiendo el mosqueo por esos privilegios”.
Otros paseantes más mayores esgrimen argumentos históricos, como que Valladolid fue capital con Felipe III (1601-1606), o presunciones lingüísticas: “Hablamos el mejor castellano”. De vuelta al siglo XXI, las hermanas Ester y Victoria Sánchez, de 54 y 61 años, argumentan que “Valladolid está a una hora de cualquier capital de provincia salvo Soria”. No obstante, ambas apoyan las deslocalizaciones.
La reivindicación de desconcentrar las instituciones la encarna ahora el alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), que tilda de “centralismo absurdo” el peso vallisoletano. El regidor de Valladolid, el también socialista Óscar Puente, defiende, en cambio, concentrar recursos; y recientemente, al anunciarse que una empresa india creará 2.000 empleos en su ciudad, censuró que la Junta intentara que se instalara en cualquier otra provincia. El PP se opone a descentralizar las instituciones y Cs no lo ve prioritario.
El primer presidente autonómico, el socialista Demetrio Madrid, recuerda que Burgos albergó la Junta preautonómica. La normativa de entonces establecía que el Ejecutivo provisional se instalaría donde residiera el primer presidente, a la sazón el burgalés Juan Manuel Reol (UCD).Madrid, de 85 años, explica que, al implantarse el sistema autonómico, pronto se debatió dónde ubicar las instituciones: “Valladolid tenía una situación de centralidad física, política, administrativa y de infraestructuras”, recuerda. Los socialistas gobernaban la ciudad vallisoletana y la Diputación y, tras sopesarlo con los representantes de cada provincia, se eligió Valladolid, dice. El regidor y la Diputación burgaleses tampoco opusieron mucha resistencia a ese cambio, según Demetrio Madrid, porque “obedecían a principios franquistas” y eran contrarios a la evolución autonomista.
Entonces se consensuó construir la futura Junta (el Gobierno autonómico) en el colegio de la Asunción del barrio vallisoletano de Covaresa, y llevar las Cortes al castillo medieval de Fuensaldaña (1.600 habitantes). Allí operó el Parlamento regional entre 1983 y 2007, cuando fue trasladado a un edificio moderno de Valladolid.
El remozado castillo de Fuensaldaña supone un atractivo turístico para la localidad, pero genera un trasiego mucho menor que el parlamentario. El antiguo hemiciclo conserva sus moquetas con castillos y leones dibujados y las mullidas butacas. La directora, Laura Martín, relata la historia del lugar, que en 2007 dejó de desempeñar funciones políticas. “La falta de espacio para las labores legislativas obligó a su traslado a la nueva y moderna sede situada en Valladolid”, reza un panel.
El alcalde de Fuensaldaña, Víctor Manuel Sanz (PSOE), lamenta que sacaran las Cortes de su pueblo, animado ahora los fines de semana pero paralizado a diario. “Deberían descentralizar entidades para dar fuerza a la España vaciada”, argumenta. Los hosteleros añoran el gasto de los procuradores, asesores, guardaespaldas, prensa, conductores e incluso manifestantes, sobre todo los jueves, día de pleno. Algunos eran cobijo habitual del PSOE y otros recibían al PP: rara vez se mezclaban. “Pasamos de tener vida a no tenerla”, lamenta un camarero.
Población. Valladolid tiene 519.361 habitantes (25.098
más que en 1987), con una media de edad de 46,4 años.
Extensión. Hay 225 municipios en 8.111 kilómetros cuadrados. Densidad: 64 personas por kilómetro cuadrado.
Economía y política. La tasa de paro es del 8,4%. La provincia elige a 15 procuradores. En 2019 ganó el PSOE.
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