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DESAYUNO - CENA - MARTES - MIERCOLES -JUEVES - VIERNES - Pendiente de definir los criterios de poblacion ajustada,. , fotos.
Pendiente de definir los criterios de poblacion ajustada,.
Las comunidades más pobladas quieren que se priorice al número de habitantes frente a las que piden que se reconozca el coste en los territorios más extensos y con una población más dispersa y envejecida,.( Desayuno,. ) 
El sistema de financiación autonómica se aprobó en 2009, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y debía estar en vigor cinco años. La previsión es que triplique ese periodo y su actualización se aplace a la próxima legislatura. El modelo actual provoca un rechazo unánime entre todos los , ( Cena,.)
barones, sin diferencias entre partidos. Sin embargo, fue aprobado por diez votos a favor y siete abstenciones. Las comunidades gobernadas por el PSOE (Aragón, Asturias, Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura) fueron favorables, además de Canarias (CC-PP), Cantabria (PRC-PSOE) y Ceuta, que fue la excepción en el PP. Mariano Rajoy, entonces en la oposición, ordenó la abstención de los territorios presididos por su partido. Y eso es lo que hicieron Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y Melilla. Navarra y País Vasco no forman parte del régimen común.
El modelo de financiación aprobado hace 13 años incrementó el porcentaje de impuestos cedidos al 50% del IRPF y el IVA y el 58% de los Impuestos Especiales. En el diseño del nuevo sistema se tuvo en cuenta los aumentos de población registrados desde 1999, año que se tomó como base del anterior modelo. En esos diez años el número de habitantes de España experimentó una subida significativa de 40,3 a 46,3 millones. Desde entonces ha crecido otro millón. La Moncloa sostuvo que sería un sistema “más flexible y eficaz” que el anterior, “con el fin de adecuarse a las necesidades reales de gasto de las comunidades autónomas”. Pero no fue así.
El modelo ha quedado desfasado por la falta de acuerdo y no está dotado de los recursos necesarios, según coincide todo el arco político. Y eso pese a que las comunidades recibirán este año adelantos a cuenta del sistema de financiación por valor de 112.213 millones. Una cifra que equivale a una subida del 6,3% respecto a 2021 y que representa la cantidad más abultada de dinero desde que se empezó a aplicar el sistema de reparto de fondos públicos. Pero su reparto no cubre las demandas de todos los territorios. Y cada año que pasa se agrava el malestar de las comunidades que se sienten infrafinanciadas. La Comunidad Valenciana cerró 2021 con un déficit de 1.292 millones, seguida de Cataluña (752), Murcia (450), Andalucía (305), Galicia (99), Castilla y León (62) y Aragón (56). En el otro extremo se sitúa Madrid, con un superávit de 735 millones.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propuso el pasado diciembre a las comunidades una revisión del criterio de población ajustada en la que se elevaba el peso del gasto sanitario y educativo. Fue el primer paso serio para iniciar la reforma del sistema. Los territorios tenían hasta el 31 de enero para hacer sus alegaciones a la propuesta. Desde entonces nada se ha movido. Los barones no se ponen de acuerdo sobre la población ajustada. Y la toma de decisiones se ha ido postergando por factores tan dispares como la crisis que sacudió al PP y el impacto económico de la invasión de Ucrania, con la inflación al 9,8%, su nivel más elevado desde 1985. Entretanto, siguen teniendo más peso las variables demográficas ―población protegida equivalente, número total de residentes, niños en edad escolar y mayores de 65 años― sobre factores geográficos como la superficie y la dispersión de la población.
Los problemas comunes entre territorios de distinto signo se han impuesto al habitual cierre de filas partidista. Los presidentes de las ocho comunidades más despobladas –cinco del PSOE (Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja), dos del PP (Castilla y León y Galicia) y Cantabria, del PRC- se reunieron en noviembre en Santiago, con Alberto Núñez Feijóo de anfitrión, para exigir que el futuro sistema garantice la cobertura del coste de los servicios esenciales en sus territorios. La forma de lograrlo sería dando más peso en el reparto de los fondos el envejecimiento de la población, su dispersión y la orografía. Estas comunidades suponen el 62% de la superficie del país y en ellas residen 11,5 millones de personas: el 25% de los 47,3 millones de habitantes en España.
Las comunidades más pobladas quieren que se priorice al número de habitantes, aunque aquí hay diferencias entre Madrid, que va por libre, y el frente bipartidista que han formado Andalucía y Murcia (PP) con la Comunidad Valenciana (PSOE). Baleares y Canarias, ambas gobernadas por los socialistas, reclaman a su vez su condición insular y la singularidad de la población flotante, es decir del turismo, que en temporada alta aumenta la presión sobre los servicios públicos. Cataluña, por su parte, ha tendido puentes con valencianos y baleares.
Otro de los problemas del sistema vigente es que resulta muy difícil de entender. El motivo es que cuenta con hasta cuatro fondos distintos: garantía de servicios públicos fundamentales, suficiencia, competitividad y cooperación. El fondo de garantía supone el 80% de los recursos del sistema y se financia con el 75% de los tributos cedidos a las comunidades y un 5% de recursos provenientes del Estado. Según diferentes expertos, los otros tres fondos enturbian la comprensión del modelo y entorpecen la equidad en el reparto de los recursos disponibles.
TITULO: EL PAPEL HIGIENICO ROJO - EL D.N.I. -Inflación, estanflación, reduflación... y Big Mac ,.
EL PAPEL HIGIENICO ROJO - EL D.N.I. - Inflación, estanflación, reduflación... y Big Mac , fotos,.
Inflación, estanflación, reduflación... y Big Mac,.
Cuando la economía atraviesa una crisis inflacionista como la actual, los precios ocupan un primer plano en las noticias y las redes sociales no se quedan al margen del debate. Controversias sobre las causas y las consecuencias: encarecimiento de la energía, guerra en Ucrania, pérdida de poder adquisitivo... Y varios conceptos se repiten: inflación, estanflación, reduflación. La primera refleja la evolución de los precios, la segunda se refiere a una considerable subida de los precios combinada con un estancamiento económico (una amenaza real que, de momento, no se ha materializado) y la tercera indica algo más de ver y tocar en el día a día, totalmente legal, pero no siempre fácil de detectar: camuflar la subida de precios reduciendo el tamaño de los envases, es decir, vender menos cantidad por el mismo dinero.
En Twitter abundan los mensajes relacionados con esos tres términos. Además de los debates entre economistas y políticos, centrados en los datos y la geopolítica, en la Red circulan miles de ejemplos, difundidos por usuarios de a pie, que ilustran qué significa en la práctica la escalada inflacionista. Son frecuentes los tuits con el antes y el después, como fotografías de alimentos que han subido de forma extraordinaria desde el otoño (aceites, pastas y harinas) o botes de mayonesa que han encogido de
tamaño sin variar el precio. También se suceden imágenes de productos que, una vez sacados del envase y colocados sobre la báscula en la cocina de casa, pesan presuntamente menos de lo que asegura el paquete.No son las únicas formas de ilustrar el fenómeno inflacionista de forma visual. Por ejemplo, el interés por el Índice Big Mac, que elabora periódicamente The Economist, crece en las redes en las épocas de elevada inflación. Este indicador compara la paridad del poder de compra en decenas de países tomando como referencia el precio de la hamburguesa de McDonald’s más popular y crea una clasificación que cambia cada año. ¿Es un útil reflejo de la realidad o solo un juego? Es lo que se preguntaban hace unos días en las redes varios economistas de la Escuela de Negocios Sloan del MIT. “Hay algo en su simplicidad que lo hace brillante”, apunta uno de ellos, Roberto Rigobon.
Más allá del problema de los precios, las redes se han convertido en un buzón de reclamaciones global en el que denunciar cuestiones relacionadas con el consumo. A veces son quejas lanzadas al aire, sin un destinatario claro; otras muy concretas, como la de un comprador contra un fabricante que le ha enviado una lavadora defectuosa. Antes de internet, la gran mayoría de los clientes nunca se molestaban en quejarse.
Las malas experiencias se comparten cada vez más en las redes. ¿Hasta qué punto las empresas responden? Durante años, los servicios de atención al cliente han trabajado con la idea de que cuando una compañía se enfrentaba a las quejas de forma positiva, su reputación salía ganando. Es una estrategia que ahora algunos cuestionan. En un estudio reciente, un grupo de profesores de la Escuela de Negocios de Harvard recomendaba pensárselo dos veces antes de responder a los clientes enfadados en Twitter, porque habían comprobado una correlación entre esta práctica y un deterioro de la imagen de la marca al atraer la atención sobre lo negativo. En su lugar, aconsejaban, a veces es mejor llenar las redes con mensajes positivos propios para controlar el discurso.
Pero la viralidad resulta complicada de controlar. Cuando United Airlines destrozó la guitarra de Dave Carroll (valorada en 3.500 dólares) en un vuelo en 2008, el músico canadiense intentó que le compensarán, lo que solo ocurrió cuando, nueve meses después, colgó en YouTube un vídeo con una canción sobre su experiencia que se convirtió en un éxito en pocos días.
TITULO: Donde comen dos -Don Benito y Villanueva: el encaje de bolillos jurídico que supone unir dos pueblos,.
Don Benito y Villanueva: el encaje de bolillos jurídico que supone unir dos pueblos,.
foto / Tras el triunfo del sí en el referéndum para unir las dos localidades extremeñas habrá que revisar aspectos como la fiscalidad, el urbanismo y la contratación pública,.
Don Benito (37.000 habitantes) y Villanueva de la Serena (25.700) son dos pueblos limítrofes de Badajoz. Los vecinos de estas dos localidades, separadas por escasos cuatro kilómetros de carretera, aprobaron en referéndum la unión de sus municipios. La entidad resultante pasará de un plumazo a ser la tercera ciudad más grande de Extremadura, con más de 63.000 habitantes. Será la primera vez que en España se fusionan dos municipios de esta envergadura. La unión, de realizarse con éxito, puede servir de faro de guía para otras entidades y crear un efecto dominó.
El matrimonio entre pueblos plantea, no obstante, un complejo encaje de bolillos jurídico. Los equipos legales de ambos ayuntamientos afrontarán largas horas de estudio sobre cuestiones que tocan materia fiscal, urbanística y de contratación pública.
Se trata de un puzle de distintas piezas. Una de ellas: ¿qué impuestos y tasas pagarán los ciudadanos de la nueva ciudad? Hay 39 figuras recaudatorias en Don Benito y 49 en Villanueva. La fusión obliga a la nueva entidad a crear un esquema fiscal común.
Francisco Javier Durán García, doctor en Derecho por ICADE y experto en Derecho Administrativo y Tributario, explica que lo previsible es que se apruebe una serie de ordenanzas que delimiten un mapa fiscal nuevo para la ciudad resultante. Las anteriores cargas quedarán por tanto derogadas, lo que permitirá la equiparación tributaria de dos núcleos de población muy próximos y acabará con “posibles agravios comparativos” que hasta el momento pudieran existir, subraya el experto.
La Administración no podrá permitir un trato de favor entre los vecinos según residan en una u otra área urbana. El padrón y el censo serán únicos. Lo normal es que se impulsen “convenios para dar tratamiento fiscal homogéneo a hechos imponibles iguales, a fin de garantizar la igualdad tributaria”, señala Ignacio Fernández Abad, socio en el departamento fiscal de Fuster-Fabra Abogados. Sin embargo, muchos de los tributos más importantes, como el IBI o la plusvalía, son ya idénticos en uno y otro municipio, señala José Luis Quintana, alcalde de Don Benito por el PSOE. Y, en caso de duda, siempre se impondrá “la opción que suponga menos gasto para el ciudadano”, asegura el regidor. Los vecinos no pagarán más impuestos como resultado de la unión de los pueblos.
Un segundo punto espinoso es cómo gestionar la red de contratación pública, esto es, los compromisos empresariales que durante años cada municipio ha adquirido. En principio, en casos como este, “la ley establece que el nuevo municipio debe subrogarse en todos los derechos y obligaciones de los municipios anteriores”, explica Durán García, por lo que las empresas contratistas no deberían preocuparse.
Pueden surgir problemas de duplicidades. Don Benito, por ejemplo, cuenta con su propia empresa municipal de recogida de basuras, mientras que Villanueva, por su parte, externalizó hace años el servicio. En esta encrucijada, la coexistencia de dos empresas para prestar un mismo servicio (al menos durante un periodo de transición) no es una idea descabellada, apunta Fernández Abad. Cada compañía conoce sus límites territoriales y la complementariedad de varias empresas “puede dotar de valor añadido a la prestación”, apostilla el experto.
La situación, en todo caso, sería temporal, ya que los contratos firmados como ciudades autónomas tienen una vida finita. Con el paso de los años irán perdiendo su vigencia y darán paso a nuevas licitaciones, que serán firmadas ya en nombre de la ciudad resultante. Estas nuevas contratas, recalca Durán García, “serán más atractivas para las empresas licitadoras”, ya que podrán disfrutar de “un volumen de servicios y una cifra de contratación mayor que las que tenían los municipios preexistentes”.
Si la convivencia de contratos es imposible, la ley contempla mecanismos para que las entidades modifiquen o incluso anulen estos acuerdos alegando el interés común. Pero evidentemente no es una vía pacífica. Los empresarios pueden exigir indemnizaciones e incluso acudir a tribunales por la expectativa de negocio que se ha frustrado. “Será el propio interés público el que ponga de manifiesto lo necesario y conveniente de la existencia de los contratos públicos”, remarca Fernández Abad.
Un nuevo plan urbanístico
El resultado de la fusión entre Don Benito y Villanueva dará lugar, además, a un único partido judicial, tal como anunció recientemente la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. “Será la primera vez en la historia que dos partidos judiciales se fusionan”, asegura Quintana.
La nueva entidad necesitará su propio inventario de bienes. Los dirigentes tendrán que llegar a un acuerdo para elaborar un nuevo plan urbanístico, que cumpla las necesidades de un proyecto de ciudad común. Todos estos resquicios ya han sido estudiados de forma preliminar. Ambos consistorios planean tener listo un primer documento para finales de este año con la unificación de las normas urbanísticas y ya recogen en sus partidas presupuestarias los gastos de la posible fusión.
Los deberes están hechos y el plan parece no tener fisuras. “Las expectativas en el mundo empresarial son altas”, agrega Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena (también socialista). El regidor remarca que, pese a existir caminos legales para materializar la fusión sin pasar por el referéndum, prefirieron contar con el visto bueno del pueblo por mayoría cualificada. Para salir adelante, el proyecto exigía un 66% de aceptación en cada uno de los municipios. En Villanueva se alcanzó un 90,49%, y en Don Benito, el 66,2%,
Más empleo y riqueza
Un informe preliminar de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura arroja que la aplicación de la “economía de aglomeración”, en lo que define como “áreas urbanas funcionales”, puede traer más renta a los hogares (un 2,74 %), más población con estudios universitarios (un 5%), más empleo (un 5%) y más desarrollo empresarial (un 15%). Villanueva y Don Benito cumplen los cuatro requisitos para aplicar un modelo de estas características: son ciudades limítrofes, suman más de 50.000 habitantes, cuentan con un 15% de desplazamientos diarios por razones de trabajo o estudio y aglutinan más de 1.500 habitantes por kilómetro cuadrado.
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