Los juzgados de varias provincias tienen abiertas hasta la fecha 17 causas tras
apreciar indicios de delito por el fallecimiento de cientos de mayores en residencias
a causa de la pandemia. A estos procedimientos se suman las 140
diligencias penales que instruyen las fiscalías territoriales y que
podrían acabar siendo judicializadas.
La resaca procesal que está
dejando la crisis sanitaria tiene en los geriátricos uno de sus
trágicos protagonistas. El virus ha golpeado sin piedad tanto a
residentes como a empleados,
y en algunas comunidades suman la mitad de los decesos.
Este registro judicial lo lidera la Comunidad de Madrid. De las cerca
de 14.000 muertes contabilizados, unas 5.900 han tenido lugar en centros
sociosanitarios (residencias, geriátricos o centros de día). Son
fallecidos confirmados por coronavirus, unos 1.200, o con sospechas de
que lo padecieron, 4.700.
LA CLAVE:
- Datos.
-
De los 44.300 residentes
en la región, 6.700 han sido hospitalizados y 5.900 han muerto en
geriátricos
- Responsabilidad.
-
El director que firmó el
plan de actuación fue cesado esta semana entre alabanzas de Díaz Ayuso
La región
suma seis de las 17 causas abiertas y 69 de las 140 pesquisas del
Ministerio Público. Estos procesos se abrieron en su mayoría tras las
denuncias de la asociación Defensor del Paciente o de particulares.
Familiares que vieron como sus allegados se contagiaban y morían en
horas sin más información que el certificado de defunción. El encaje
delictivo de estos hechos iría desde el homicidio imprudente y el
abandono de personas incapaces hasta el maltrato o la omisión del deber
de auxilio.
Estos centros dependen de las administraciones
autonómicas y en su mayoría son de titularidad privada. Sin embargo,
desde mediados de marzo, en plena subida de la curva epidémica, algunos
fueron intervenidos por los Gobiernos regionales para protegerse, con
escasos medios materiales, de la letal sacudida de virus. En su caso,
por contagios importados desde fuera.
En
una entrevista publicada por este periódico el 9 de mayo, el presidente
de la Federación Empresarial de Dependencia (FED), Ignacio
Fernández-Cid, dio dos claves sobre el horizonte procesal de estos
casos. La FED es una de las patronales del sector, engloba a 2.400
centros privados en el país y gestionan unas 150.000 plazas. «La sanidad
pública fue la primera en hacer aguas porque estaba totalmente
colapsada (...) y cambiaron los protocolos. Cualquier persona puede
entrar por urgencias. Nosotros, no. Teníamos que llamar a un geriatra
del hospital de referencia, que decía sí o no», contó.
«Nos viene muy bien que se abran diligencias. Se verá que las residencias han estado llamando por activa y por pasiva y
les han negado los ingresos.
Las llamadas están grabadas. Si resulta que un director de una
residencia o un médico no ha llamado, han actuado muy mal. Y también
saldrá a la luz», avisaba.
Evitar el «colapso»
Pues bien,
ahora se sabe que en pleno pico epidémico la Consejería de Sanidad de
Madrid aprobó un protocolo dirigido a las residencias. El documento de
cinco páginas, al que ha tenido acceso este periódico, fue elaborado por
la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria. Su responsable, el
psiquiatra Carlos Mur de Víu, fue cesado la semana pasada. La
presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, comentó que había realizado un
«gran trabajo» y que es una de las personas que más había contribuido
para frenar la crisis. «Estamos renovando la consejería y cuento con
él», añadió.
No obstante, el protocolo será un documento clave en
las investigaciones judiciales. La Fiscalía quiere conocer bajo qué
criterios se decidía si un anciano enfermo de coronavirus o con síntomas
era mandado al hospital o se le mantenía aislado. Las denuncias inciden
precisamente en la presunta omisión del deber de auxilio a algunos
fallecidos.
El
protocolo es un «plan de actuación único» para dar soporte sanitario a
la residencias. Establece cuatro escenarios de contagios: confirmado,
probable, descartado y posible o leve. Y detalla que el objetivo
es evitar el «colapso» del sistema de salud
e identificar a los pacientes que «se beneficien» de la hospitalización
«para mejorar el pronóstico de supervivencia y calidad de vida a corto y
largo plazo». Para este cometido se crearon nuevos roles: el llamado
«geriatra de enlace» y el «coordinador de plazas sociosanitarias». El
desarrollo del plan incluye el contacto telefónico de las residencias
con el geriatra destinado en los hospitales de referencia, «en horario
de ocho de la mañana a diez de la noche». Fuera de este margen, se
contactará con urgencias.
Es, por lo tanto, el geriatra de enlace
quien tiene la última palabra para derivar a los hospitales ante una infección respiratoria u otra patología. El
consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, avanzó el jueves
que bajo este protocolo unos 6.700 ancianos han sido ingresados desde
los 475 geriátricos de la comunidad. Es el 15% de los 44.300 residentes.
El destino de estos mayores lo decidieron los 29 geriatras de enlace
asignados. Mientras que 5.900 mayores fallecieron sin posibilidad de ser
hospitalizados, según el «criterio asistencial» de la Comunidad de
Madrid.
Los criterios clínicos que marcaban la decisión vital de los médicos,.
El
protocolo de las residencias frente a la pandemia detalla los criterios
clínicos para derivar a los ancianos a los hospitales, lo que la
Consejería de Sanidad madrileña defiende como «criterios asistenciales».
En síntesis, si el paciente presenta un cuadro de «insuficiencia
respiratoria, disnea y fiebre»; si es independiente para poder moverse o
el índice de Barthel es mayor de 60 (mide la capacidad para realizar
diez actividades básicas de la vida diaria, obteniéndose una estimación
cuantitativa del grado de dependencia del sujeto); si no presenta un
deterioro cognitivo o éste es menor de seis (moderado-grave) en la
escala GDS; y si no existe cormobilidad (más de una patología) asociada
en fase avanzada.
Los mismos criterios de ingreso también se
implantaron para aquellos pacientes de residencias que presentaran
síntomas de coronavirus no asociados a una infección respiratoria.
En
caso de que el residente no cumpla con estos requisitos, el geriatra de
enlace decidió en pleno pico de la pandemia, con las urgencias
hospitalarias y las UCI al borde del colapso, que no fueran trasladados
al hospital de referencia pese a la llamada de la gerencia de los
centros.
Una decisión vital que ahora está siendo escrutada por
los juzgados y fiscales que investigan la causas de la alta mortalidad
de mayores en geriátrico, la gestión de estos centros o el papel de los
geriatras de enlace, de los directores de los hospitales o de los altos
cargos de la Consejería de Sanidad, como el ex director general
madrileño Mur de Víu, autor del protocolo bajo lupa.
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Un
protocolo de la Comunidad de Madrid detalla el papel de los «médicos de
enlace» con los centros de mayores en el pico mortal del virus
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