A vivir que son dos días - A vivir - Cadena SER - Luz verde al plan de ahorro energético: escaparates apagados por la noche y aire acondicionado a un mínimo de 27 grados,. / LA BRUJULA ONDA CERO - La Linterna La Cope - Villarejo: “Tengo un tema de la hostia contra Podemos”. Cospedal: “Es una bomba. Yo eso sí lo quiero”,.

 

  TITULO:  A vivir que son dos días - A vivir -  Cadena SER - Luz verde al plan de ahorro energético: escaparates apagados por la noche y aire acondicionado a un mínimo de 27 grados,.

 A vivir que son dos días - A vivir -  Cadena SER,. 

 Escucha 'A vivir', con Javier del Pino, el programa líder de las mañanas del fin de semana en la Cadena SER.

Luz verde al plan de ahorro energético: escaparates apagados por la noche y aire acondicionado a un mínimo de 27 grados,.

foto / El Consejo de Ministros aprueba el plan de ahorro energético, que prolongará hasta noviembre de 2023,.

 

Luz verde al nuevo paquete de medidas urgentes de ahorro y eficiencia energética. El plan, coordinado por el Ministerio de Transición Ecológica y anunciado el pasado viernes por el presidente, Pedro Sánchez, ha recibido este lunes el visto bueno del Consejo de Ministros. Las nuevas medidas pretenden contener el dispendio de energía en plena crisis de precios y obligarán a comercios, grandes almacenes, cines, hoteles o edificios públicos, entre otros, a limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno. Además, se exigirá a los establecimientos que mantengan sus puertas cerradas para evitar que el frío y el calor se escapen, el alumbrado de escaparates deberá estar apagado a partir de las 22.00 y se elevará la frecuencia en la revisión de las calderas para detectar ineficiencias. Esas medidas estarán vigentes desde el día siguiente a la publicación del decreto hasta noviembre de 2023. Entre septiembre y diciembre de este año también se bonificarán los bonos de Cercanías, trenes de media distancia y el 50% de algunos de alta velocidad.

“No nos podemos permitir perder ningún kilovatio hora”, ha subrayado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros. Las nuevas obligaciones anunciadas recogen y hacen más restrictivos varios puntos del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que afecta a las instalaciones de edificios no residenciales de gran consumo, como los administrativos (ocupados por la Administración Pública, bancos, oficinas, etcétera), los comerciales (grandes almacenes, supermercados, centros comerciales), bares y restaurantes, espacios culturales como cines, auditorios o centros de congresos y edificios destinados al transporte de personas como estaciones y aeropuertos.

Por ejemplo, de los 26 y 21 grados señalados en el RITE para refrigeración y calefacción se pasa a 27 y 19 grados, respectivamente; los cierres automáticos de puertas tendrán que introducirse también en edificios y locales que se climaticen con energía renovable, hasta el momento exentos; deberán incorporarse explicaciones de estas medidas de ahorro a la información que los establecimientos tendrán que ofrecer sobre temperaturas y niveles de humedad, y se exige adelantar la inspección de eficiencia energética en aquellos edificios obligados que hayan realizado el anterior trámite antes del 1 de enero de 2021.

Ribera ha recordado que cada grado menos supone ahorrar un 7% del consumo y ha señalado que existe un régimen sancionador que se aplicará en caso de incumplimiento. Los edificios obligados tendrán una semana desde el día siguiente a la publicación del decreto para modificar su temperatura y adaptarse al horario de apagado ―no solo de escaparates, también la iluminación de edificios públicos que estén desocupados en ese momento―; el sistema de cerrado automático de puertas deberá estar listo para el 30 de septiembre.

El decreto también recoge ayudas al transporte, como la gratuidad de los trenes de Media Distancia, Rodalies y Cercanías de septiembre a diciembre; en el mismo periodo, los títulos multiviaje de los servicios de AVANT (de alta velocidad) se podrán beneficiar de un descuento del 50%. Además, introduce medidas para fomentar la electrificación y las energías verdes, como ayudas para el almacenamiento, nuevas subastas de renovables o la reducción de las trabas para el autoconsumo. En este último ámbito, se rebajan los plazos para autorizar nuevas instalaciones, se considerará que el silencio administrativo es positivo después de dos meses y se prevé que las distribuidoras y comercializadoras responsables de un retraso de más de dos meses en la activación de la instalación de autoconsumo compensen al cliente a través de un descuento. “Es un paquete potente”, ha comentado Ribera, quien ha invitado a las empresas a mantener el teletrabajo, en la medida de lo posible, para favorecer el ahorro energético.

Estas nuevas obligaciones son para el sector privado y público ―“buscamos que las Administraciones seamos las primeras en cumplir”, ha dicho la ministra, antes de anunciar una modificación para adjudicar de forma acelerada contratos que fomenten la eficiencia energética de los edificios públicos―, y suponen un anticipo del gran plan de contingencia que el Gobierno remitirá en septiembre a Bruselas. Un proyecto que será de obligado cumplimiento ante un otoño que amenaza con ser muy caliente por la inflación y los riesgos de cortes en el suministro de gas. El Gobierno ya había adoptado en mayo ―con éxito relativo― un decreto para que los edificios de la Administración General del Estado (AGE) fomentaran medidas de ahorro y eficiencia energéticas, como la reducción de la temperatura o la instalación de paneles solares para autoconsumo.

El ministerio sacará este mismo martes a consulta pública una nueva línea de ayudas para la rehabilitación de edificios del sector terciario, dotada con 100 millones, y amplía con 100 millones adicionales el programa de eficiencia energética en la industria, que se lanzó en 2019 y estará vigente hasta junio de 2023.

El temor de cara al invierno no es baladí. La inflación lleva meses encadenando fuertes subidas, presionada por el encarecimiento de la energía. La subida de precios ya se ha contagiado a una larga lista de productos y ha disparado un 10,8% el IPC de España en junio, la tasa más alta en 38 años ―el alza ha sido del 8,9% en la zona euro—. La invasión rusa de Ucrania no ha hecho que empeorar la situación y añadir incertidumbre sobre un futuro en el que crece el miedo a la recesión, alimentado por una posible suspensión del suministro de gas procedente de Moscú que dejaría a Europa noqueada ―con Alemania e Italia a la cabeza entre las grandes economías del entorno―.

De hecho, el paquete de medidas aprobado este lunes por el Gobierno llega poco después de que Bruselas haya propuesto a los Estados miembros un recorte del 15% en su consumo de gas ―reducción voluntaria que se convierte en obligatoria en caso de crisis en el suministro―, independientemente del nivel de dependencia de Rusia de cada uno. España y Portugal, sin embargo, han logrado una vez más el reconocimiento de la excepción ibérica ―por ser una isla energética debido a sus escasas interconexiones―, limitando el golpe al 7%.

Mientras tanto, el Ejecutivo ha ido ampliando las ayudas para frenar el impacto de la crisis energética en el bolsillo de los ciudadanos, con rebajas fiscales en la factura eléctrica, bonificaciones en los carburantes y el establecimiento de un tope al precio del gas en el mercado mayorista ―también acordado con Bruselas gracias a la excepción ibérica―. Aun así, la energía continúa siendo una losa para los hogares. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la factura de la luz de julio ha sido la segunda más cara de la historia (115,27 euros para un hogar medio), un 12% y un 60% más onerosa, respectivamente, con respecto al mes anterior y a julio del año pasado.

Presupuestos

Los socios de la coalición de Gobierno han mantenido este lunes su primera reunión sobre el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Las cuentas, que serán las últimas de la legislatura, recibieron el pistoletazo de salida la semana pasada, con la aprobación de un techo de gasto récord, después de que en junio se publicara la orden de elaboración que fija los criterios para distribuir las partidas presupuestarias. En ello, el Ministerio de Hacienda señalaba las ayudas a los sectores más golpeados por el encarecimiento de la energía entre los motivos de asignación preferente, además de criterios vinculados a la transición ecológica como la ampliación de la capacidad de interconexión o la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles.

En un documento publicado este lunes, que recopila los hitos alcanzados en la primera mitad del año, el departamento dirigido por María Jesús Montero afirma que la elaboración y aprobación de los Presupuestos es uno de los objetivos fijados para el segundo semestre de 2022, así como “las medidas para mitigar el impacto económico de la invasión de Ucrania”. Entre ellas, menciona “la implementación del plan de ahorro y eficiencia energética” de la Administración General del Estado y la tramitación en el Congreso de los dos nuevos gravámenes a banca y energéticas, con los cuales el Ejecutivo prevé recaudar 7.000 millones en dos años.

 

 

TITULO:  LA BRUJULA ONDA CERO - La Linterna La Cope -  Villarejo: “Tengo un tema de la hostia contra Podemos”. Cospedal: “Es una bomba. Yo eso sí lo quiero”,.

LA BRUJULA ONDA CERO,.

 La Brújula es un programa de radio de la emisora española Onda Cero, presentado y dirigido por David del Cura. Es el tercer espacio en audiencia en la franja nocturna, retransmitiéndose entre las 20 y las 24 horas, tiempo que dedica a un análisis de la actualidad, el deporte, la economía (con el espacio denominado La Brújula de la Economía) y el debate político., etc,.
 
  La Linterna La Cope ,.
 
  'La Linterna' es el programa de radio informativo, político y económico, cultural y de debate nocturno de la Cadena COPE. Dirigido y presentado desde 2009 por Ángel Expósito, se emite de lunes a viernes de 19:00 a 23:30 horas, correspondiendo la última hora de los viernes a 'La Linterna de la Iglesia', dirigida y presentada por Faustino Catalina,.

Villarejo: “Tengo un tema de la hostia contra Podemos”. Cospedal: “Es una bomba. Yo eso sí lo quiero”,.

foto / Interior, bajo mandato del PP, atacó en los tribunales a Pablo Iglesias y a su partido con pruebas falsas; los jueces han archivado todas las causas impulsadas por la ‘policía patriótica’,.

El 24 de junio de 2017, el comisario José Manuel Villarejo escribió en su agenda: “La posverdad ―la mentira―, algo que no ha ocurrido, pero que se presenta como cierto para dañar a otro”. Un mes y medio antes, el 5 de mayo, hablaba con María Dolores de Cospedal, entonces ministra de Defensa y secretaria general del PP, del denominado informe PISA (Pablo Iglesias S. A.), un documento fabricado en 2016 por la llamada policía patriótica y filtrado a la prensa para divulgar la idea falsa de que el dirigente de Podemos había recibido dinero ilegal de la dictadura iraní. “Hicieron la mierda esa del informe PISA, que eso es basura, y con eso lo vacunaron”, le dijo Villarejo a Cospedal en una de las múltiples conversaciones que mantuvieron y que el comisario grabó. La policía incautó este material en el registro de las propiedades de Villarejo, pero no se ha incorporado aún a ninguna de las casi 30 piezas separadas del caso Tándem.

La conversación resume una manera de hacer contra Podemos que se extendió durante el mandato de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior.

 

El comisario nunca aportó pruebas de esos vínculos ni hubo investigación judicial que acreditara nada parecido contra Podemos y sus dirigentes.

Aquel no fue un caso aislado. Desde su nacimiento en 2014, Podemos y sus principales líderes han sido objeto de una campaña de difamación política y judicial orquestada desde las cloacas del Estado del Ministerio del Interior durante el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy. Esta estrategia de desprestigio ha contado con la participación de determinados medios de comunicación que difundieron información falsa facilitada por la policía patriótica sobre el partido morado.

La primera anotación del comisario en sus diarios sobre esta cuestión aparece a los pocos meses de que el partido comenzara sus andanzas, en agosto de 2014. Acababan de irrumpir en el Parlamento Europeo con cinco escaños y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) los situaba como tercera fuerza política en España. Entre los interlocutores de Villarejo aparecen periodistas y altos cargos de la política y la policía, como José Luis Olivera, entonces jefe del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), y Paco Martínez, número dos de Interior. El rastro continúa a lo largo de 2015. “Le interesa todo sobre Podemos. Quedó en hacer gestiones”, apunta el comisario sobre una conversación con Jero.

En diciembre de 2015, Podemos entra en el Congreso con 69 escaños, su mejor resultado en solitario. Entonces, las maniobras se intensifican y en 2016 comienzan a multiplicarse las denuncias y las causas judiciales, todas archivadas en la actualidad, excepto una línea de investigación secundaria basada en la denuncia de extrabajadores de Podemos que fueron despedidos por diversas causas.

Un año antes de su conversación con Cospedal, Villarejo ya había admitido que la información sobre Podemos contenida en el Informe PISA, publicado cuatro meses antes, era falsa.

 

El comisario se refiere a una información sobre un supuesto pagó del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro a Pablo Iglesias a través de la cuenta de un banco situado en un paraíso fiscal. La Audiencia Nacional archivó hace 10 días la última investigación abierta por la supuesta financiación irregular de Podemos. Es el episodio más reciente de un largo camino que ha mantenido a la formación atada a los tribunales durante ocho años.

El falso informe PISA

El 12 de enero de 2016, el digital Ok diario publicó un informe policial sin firma ni sello que denunciaba la presunta financiación ilegal de Podemos. El documento, conocido con las siglas PISA (Pablo Iglesias S. A.), aseguraba que Irán había pagado “cerca de dos millones de euros” al líder de la formación y a su entorno a través de distintas sociedades instrumentales y la empresa audiovisual 360º Global Media. Esta corporación era la productora del programa Fort Apache, dirigido y presentado por Iglesias hasta la creación de Podemos.

Dos meses después, la UDEF —unidad encargada de investigar los delitos económicos y fiscales— remitió el informe PISA al Tribunal de Cuentas para que revisara la financiación del partido, pero este renunció a abrir un expediente al no hallar ningún dato “destacable”. En abril, el pseudosindicato Manos Limpias utilizó el mismo documento para denunciar a Podemos ante el Tribunal Supremo. El organismo, pocos días después y de acuerdo con la petición de la Fiscalía, también lo archivó al considerar que la denuncia partía “exclusivamente de noticias periodísticas”, sin aportar prueba alguna “de la realidad de los hechos”. “La mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para la investigación de los hechos descritos”, argumentó en el escrito.

Para entonces, tanto el documento como su traslado a distintas instancias judiciales había generado titulares y copado portadas en numerosos medios de comunicación. A pesar del contundente escrito del Alto Tribunal, la intención de vincular a Podemos con fondos iraníes no cesó y volvieron a ser denunciados ante un juzgado de Zaragoza por la formación política Unión Cívica Española-Partido (UCESP). El tribunal remitió la querella por financiación ilegal, blanqueo de capitales y delito fiscal a la Audiencia Nacional. De nuevo, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa al no apreciar delito ni prueba alguna. Finalmente, el magistrado Alejandro Abascal archivó la causa y calificó la querella como “un conjunto desordenado de reproducciones de noticias publicadas en la prensa”. “No consta el más mínimo sustento documental o de otro tipo que acredite su existencia o un posible delito”, aseveró el escrito respecto al presunto delito de blanqueo.

Aunque nunca se ha probado quién redactó el falso informe, vinculado a la policía patriótica que operó durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en Interior, Villarejo le atribuyó la autoría a uno de sus miembros, el inspector José Ángel Fuentes Gago, imputado en el caso Tándem. Según documentos oficiales y una grabación difundida en 2019, Fuentes Gago viajó a EE UU por orden de Fernández Díaz para brindar protección al exdirigente venezolano Rafael Isea a cambio de que este facilitara datos contra Pablo Iglesias. “Si nos ayuda a que Podemos no llegue al Gobierno, mejor para todos”, le llegó a decir el policía al exdirigente venezolano. Isea denunció más tarde que le habían utilizado y habían puesto en riesgo a su familia.